Una más. El alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, y el primer regidor, Junior Vásquez Torres, serán investigados por presunta corrupción en el Ministerio Público.
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Ambas autoridades, quienes han acumulado diversas denuncias desde el año 2019, ahora deberán responder en la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque por presunta responsabilidad en el delito de peculado doloso.
La disposición fiscal se sustenta en el último escándalo que envolvió a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) por el reparto irregular de alimentos del programa Qali Warma a familias vulnerables del distrito de Reque.
Detalles
Los hechos fueron alertados el 22 de julio en un informe publicado por Correo.
Es así que la noticia motivó la intervención de un equipo de la Fiscalía en un almacén de la comuna.
Luego de esto, los fiscales se dirigieron a Reque y contactaron a Zoila Rojas Soto, secretaria del Segundo Nivel Comité Distrital, quien señaló no haber requerido ayuda al municipio de Chiclayo, pero admitió haber sostenido coordinaciones con la gerente de Desarrollo Social de la MPCH, Erika Araujo Gonzales.
Asimismo, dijo conocer que los padrones de beneficiarios fueron entregados a un trabajador de nombre Darío.
Otra testigo que habló con los fiscales fue Celia Valdera Calderón, encargada del comedor de la Parroquia San Martín de Thours.
Ella refirió que en horas de la mañana del 21 de julio, tres personas, que serían funcionarios municipales, llegaron al comedor con la finalidad de encargar 300 bolsas conteniendo víveres.
En la tarde del mismo día, otras tres personas, entre las cuales se encontraba Junior Vásquez, le indicaron que realizarían la distribución de canastas, por lo que procedieron a llevar consigo 285 bolsas con víveres. Valdera agregó que cerca de las seis de la tarde, Vásquez regresó y le hizo firmar un acta por la entrega de 15 canastas.
Lo sucedido despertó suspicacias por la connotación política que habría tenido esta actividad, pues el mencionado regidor ha sido alcalde de Reque.
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Pedidos
Pero desde la Fiscalía se insistió en conocer bajo qué criterios los funcionarios escogieron a los beneficiarios. Una posición que también asumió el jefe de Qali Warma en Lambayeque, César Marquina.
Dicho funcionario detalló a la Fiscalía que en el mes de mayo, la Municipalidad Provincial de Chiclayo hizo dos requerimientos para trasladar apoyo alimentario a pobladores en situación precaria.
A través del primer pedido se alcanzaron víveres a 900 personas, mientras que en una segunda ocasión se tramitó la atención a favor de 6 214 ciudadanos (2592 con discapacidad y 3622 adultos mayores).
Marquina explicó que la entidad solicitante es la responsable de formular el padrón de beneficiarios con anticipación; pero según los hechos advertidos en Reque, se puede suponer que los alimentos fueron a personas que no les correspondería la ayuda.