Los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) festejaron su centésimo aniversario de creación institucional por todo lo alto, a pesar de la prohibición expedida por la Municipalidad Distrital de La Victoria.
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El evento tuvo lugar en las instalaciones del Jockey Club de Chiclayo la noche del último sábado.
Los momentos más alegres quedaron registrados en videos y fotos que se difundieron, a través de la cuenta que la orden profesional tiene en Facebook.
Hasta el decano del ICAL, Carlos Martínez Oblitas fue captado en la celebración.
Junto a él aparecen varios abogados muy contentos por reencontrarse. En otras imágenes se observa a los invitados, algunos de ellos fiscales del Ministerio Público, disfrutando de la famosa hora loca.
Hasta el cierre de la presente edición, la institución no se ha pronunciado para explicar sobre su proceder.
Desacato
El alcalde distrital de La Victoria, Rony Olivera Morales informó que su despacho tomará acciones legales contra el desacato cometido por el ICAL. Hoy lunes, las áreas de Fiscalización, Defensa Civil y Licencias emitirán sus informes, para que la Procuraduría Municipal actúe como corresponde.
Olivera detalló que un equipo de fiscalizadores, policías y de la Subprefectura llegaron hasta el Jockey Club el sábado a las 10:00 p.m., y constataron que el evento estaba en marcha.
Por esa razón, notificaron a los organizadores para que suspendan. También se ordenó el cierre del local, se levantaron las actas y se impuso una multa de dos UIT, pero los abogados decidieron continuar con el baile y el jolgorio.
“Es lamentable porque ya habíamos conversado sobre la medida, hay un Decreto Supremo que está por encima de cualquier otra normativa. Al Jockey también se le comunicó”, aseguró el burgomaestre.
Enfatizó que los representantes del ICAL sabían que la fiesta estaba suspendida por la prórroga de la emergencia sanitaria Covid-19, decretada por el Gobierno central.
El último 6 de julio, la comuna de La Victoria autorizó la cena de gala del ICAL, pero el 8 de julio la Gerencia de Rentas notificó que se revocaba el permiso, debido a que ya entró en vigencia el decreto del Ejecutivo, que prohíbe actividades donde se fomente la reunión u aglomeración de las personas. Ello con el objetivo de prevenir nuevos contagios por Covid-19.
Algunos entendidos sobre lo sucedido, señalaron que el Colegio de Abogados, al haber pasado por encima de la autoridad podría ser objeto de una amonestación y hasta podría ser multado.
La otra consecuencia es que los representantes de la institución podrían ser investigados por el delito de desobediencia a la autoridad.
Ayer al mediodía se informó que el ICAL había tramitado una medida cautelar para desarrollar su actividad, pero eso no sería una excusa suficiente, porque los decretos del Gobierno deben ser respetados por todos.