El último requerimiento de detención preliminar por la presunta organización criminal, que habría liderado la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, muestra más detalles sobre un pedido, a todas luces, ilegal para beneficiar al congresista por Lambayeque, José María Balcázar Zelada.
La presente hipótesis que maneja el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop) se vio reforzada con la declaración que prestó la fiscal superior de Lambayeque, Carmen Miranda Vidaurre.
Correo accedió al descargo ofrecido por Miranda, que se desempeña como presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, quien detalló que el exasesor de la Fiscalía de la Nación (FN), Jaime Villanueva, le escribió mensajes identificándose y pidiéndole que devuelva las llamadas “cuando pueda”, pero ella no lo hizo.
Luego, el 17 de noviembre del 2022, Villanueva llamó en tres ocasiones. “Sí le conteste en una ocasión a Jaime Villanueva. Él me dijo que era asesor de la fiscal de la Nación, que estaba interesado en un caso que tenía del congresista Balcázar y que la Fiscalía de la Nación estaba interesada en eso, porque querían que el Congreso los apoye”, detalló.
En aquel momento el despacho penal de Miranda tenía en su agenda revisar el proceso del legislador.
A través del diálogo, el exasesor le comentó que estaba encargado de hacer gestiones en el Congreso y que necesitaba que se resuelva el proceso de Balcázar, pues existía un pedido de sobreseimiento (archivo).
“Le dije que siempre resuelvo conforme a ley. (Él) mencionaba que había gestiones en el Congreso y que por eso quería que lo apoye, yo pensé que era en torno al presupuesto, le contesté que sí tengo el caso de Balcázar”, agregó en su declaración.
En este punto, la magistrada indicó que no creyó que se tratara de un asesor FN. “Me pareció una llamada engañosa, pensé que era alguien que me estaba tomando el pelo, pensé incluso que el congresista”, informó.
Ante la negativa de la fiscal y a fin de dar cumplimiento a lo acordado, Benavides, habría dispuesto que el fiscal adjunto supremo, Elmer Ríos Luque, viaje a Chiclayo para que se entreviste personalmente con Miranda. El traslado se habría realizado el 18 de noviembre de 2022 mediante la empresa Latam. Este se entrevistó con la fiscal superior y ella no habría accedido a las pretensiones ilícitas trasmitidas por Ríos.
Con el tiempo, la defensa del congresista sufrió un revés, ya que la Fiscalía dispuso que sea acusado por el delito de apropiación ilícita en agravio del Colegio de Abogados.
Como Villanueva y Benavides no lograron su cometido, ofrecieron algo más a Balcázar. En ese contexto se produce la incorporación de Scarleet Gálvez Flores, al cargo de fiscal adjunta de la Fiscalía en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lambayeque, aunque esto solo quedó en el papel, pues ella no juramentó.
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