Correo, a fines de setiembre del año 2021, publicó un informe revelando diversas irregularidades en la ejecución de millonarios proyectos inmobiliarios a cargo del Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) en las regiones de Piura y Lambayeque.
Esto motivó el inicio de auditorias por parte del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía. Los resultados confirman la información periodística y revela nombres de jefes policiales y civiles que tendrían responsabilidad penal y administrativa por los proyectos que, hoy en día, siguen abandonados mientras los policías ven lejanas sus esperanzas del sueño de la casa propia.
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DOS PROYECTOS EN CHICLAYO ABANDONADOS
Correo informó sobre la suscripción de fideicomisos entre la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) con Fovipol, representada en aquel entonces por Herbert Ramos Ruiz en su condición de gerente general.
Aquí se buscaba que más de mil ochocientas familias policiales se beneficien con siete proyectos inmobiliarios, a través de viviendas unifamiliares y multifamiliares, en las regiones de Piura, Lambayeque, Iquitos, Ica y Lima. Todo con una inversión de más de S/ 300 millones.
Sin embargo, Correo detectó que en el caso de las regiones de Lambayeque y Piura, los contratistas a cargo de ejecutar estos proyectos guardaban cierto vínculo de familiaridad entre sí y con jefes policiales.
En el caso de Chiclayo el “suertudo” consorcio que ganó fue Santa Rosa para la “Construcción de viviendas unifamiliares y edificios multifamiliares en las urbanizaciones Carlos Stein Chávez y La Purísima”, representada por Mario Ato Tejero, con una inversión de S/38 millones por la construcción de 98 viviendas unifamiliares y 100 departamentos para viviendas multifamiliares en la Urb. La Purísima; mientras que en la Urb. Carlos Stein se debía edificar 46 viviendas unifamiliares. En total son 244 unidades inmobiliarias en ambos proyectos para ser entregadas en 18 meses.
Diario Correo constató que las obras estaban abandonadas y que los pocos módulos que se habían construido -según manifestaron los vecinos- servían como guaridas para delincuentes y habían sido desmantelados. Se informó que, incluso, habían rajaduras en las construcciones debido a que no se respetó la resistencia especificada en el expediente técnico, según arrojó una pericia realizada.
Cabe indicar que Consorcio Santa Rosa inició sus actividades el 22 de noviembre del 2019, es decir un mes antes de la firma de los convenios entre Cofide y Fovipol, y está conformada Constructora Rima, que opera desde julio del 2007, y Constructora Franil que aparece registrada en Sunat desde octubre del 2018.
DOS PROYECTOS INCONCLUSOS EN PIURA
En el caso de la región Piura, Correo informó que el Grupo Inmobiliario Kinsa fue elegida para cumplir el sueño de la casa propia de los policías, pero esto no ocurrió. Además, aquí se encontró que sus representantes guardan cierto vínculo de familiaridad con los integrantes del Consorcio Santa Rosa de Chiclayo (VER INFOGRAFÍA).
En Piura se puso en marcha los proyectos “Oasis de Colán” y “Las Palmeras de San Pablo”, donde se debían edificar 224 y 456 viviendas unifamiliares, respectivamente. En total son 680 módulos para la familia policial con una inversión superior a los S/100 millones.
En la región vecina también se realizó un peritaje de “resistencia de concreto” a las construcciones que se hacían y el resultado fue el mismo que en Chiclayo: no se cumplía lo establecido y ofrecido en los expedientes técnicos.
CONTRALORÍA DETECTA FAENÓN EN CHICLAYO
Como se indicó inicialmente, tras el informe de Correo la Contraloría inició, a través del OCI de la Policía, dos auditorías y el resultado es que Fovipol “favoreció indebidamente con pago de adelantos por más de S/34 millones” al Consorcio Santa Rosa y al Grupo Inmobiliario Kinsa en la ejecución de los proyectos inmobiliarios en Lambayeque y Piura, respectivamente.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 037-2023-2-3792-AC arroja que Fovipol creó y llevó a cabo su propio proceso de selección denominado “Adjudicación Selectiva por Invitación” (ASPI), apartándose de la normativa de contrataciones del Estado, sin emplear la modalidad de licitación pública, es decir se favoreció al Consorcio Santa Rosa y, además, se modificaron de manera irregular las reglas establecidas.
Gracias a estas modificatorias contractuales se contempló que el contratista solicite un adelanto del 25% del monto total de ambos proyectos en Chiclayo y que se apliquen garantías hipotecarias sobre inmuebles de propiedad del constructor o de un tercero. Al amparo de este cambio, el contratista solicitó un adelanto de S/ 9 621 769.
Por ello, el informe de Contraloría señala que se habría favorecido indebidamente al contratista, al haberse modificado las condiciones iniciales del contrato con el constructor, incorporando una garantía hipotecaria en reemplazo de la carta fianza de fiel cumplimiento, instruyendo de manera posterior se ejecute la transferencia de S/9 621 769 a favor del constructor, sin contar con la carta fianza, tal como lo establece la normativa de contrataciones del Estado.
El OCI de la PNP informó que durante la visita de inspección realizada el año pasado al proyecto “La Purísima”, se verificó un avance de 40 unidades de vivienda (de un total de 98), las cuales presentan deficiencias constructivas y están consideradas inhabitables, mientras que el resto de la obra está inconclusa y abandonada. Esto generó un perjuicio de S/9 621 769 y se determinó presunta responsabilidad penal y administrativa en 16 servidores públicos del Fovipol, de los cuales nueve están en actividad y siete en situación de retiro.
Los funcionarios implicados son: Rossana Laura Di Natali Suarez, Juan Carlos Valderrama Alva, Carlos Enrique Cardenas Bernaola, Jose Antonio Calle Merino-Carrasco, Herbert Ivan Ramos Ruiz, Aurelio Homero Mego Bravo, Lucio Manuel Ramirez Rios, Gustavo Gabriel Jimenez Peña, Samuel Jesus Peralta Campos, Miguel Angel Diaz Molleda, Alfredo Andres Vildoso Rojas, Pedro Rodolfo Villanueva Nole, Cristian Gaspar Rosales, Martin Severo Parra Saldaña, Luz Marlene Castillo Aparicio y Alan Adan Belletich Seminario.
SIMILAR FAEÓN EN PIURA
Aquí los hallazgos son similares tras la auditoría a los proyectos de vivienda “Las Palmeras de San Pablo” en la provincia de Piura y “Oasis de Colán” en la provincia de Paita, ambos en la región Piura. Los funcionarios del Fovipol también gestionaron y suscribieron contratos de fideicomiso con Cofide pese a no contar con dicha facultad.
En ambos proyectos debieron ejecutarse 680 viviendas unifamiliares (casas) por un valor de S/103 189 006, de los cuales S/66 120 000 corresponden al proyecto “Las Palmeras” (456 casas), S/34 227 200 al proyecto “Oasis de Colán” (224 casas) y S/2 841 806 para la supervisión de obra. En este caso, los funcionarios del Fovipol también llevaron a cabo un proceso de selección de ASPI, sin emplear la normativa de contrataciones del Estado en su modalidad de licitación pública, exigida en las normas de creación del Fovipol, según informó el OCI de la Policía.
Esta adjudicación la ganó el Grupo Inmobiliario Kinsa, pese a que incumplía los requisitos establecidos en las bases del proceso, ya que presentó documentación inexacta al no acreditar su solvencia económica para la ejecución de proyectos de vivienda en Piura. Pese a ello, el contrato fue suscrito y se estableció un plazo de 18 meses contados desde enero de 2020, para la culminación de las obras, señala la comunicación de la Contraloría.
Además, se hicieron modificaciones contractuales para permitir la entrega de más de S/25 millones a favor del contratista en calidad de adelanto, sin cumplir con presentar una carta fianza establecida en la normativa y a cambio de eso, establecieron como garantía la constitución de una garantía hipotecaria, lo cual no está considerado en la norma.
La auditoría de Contraloría evidenció que pese a haber transcurrido, en exceso, el plazo contractual, hasta el momento de la emisión del informe no se realizó la entrega de las 680 viviendas a los policías aportantes al Fovipol. En ese sentido, se señala que “los hechos expuestos se originaron por el incumplimiento de las funciones y deberes de los funcionarios y servidores del Fovipol, ya que con su actuar de manera directa, parcializada, indebida y contraria a la Ley de creación de los Fondos y su reglamento”, generaron que se contrate un desarrollador inmobiliario que fue beneficiado con un adelanto superior a los S/25 millones, contraviniendo la normativa vigente.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 050-2023-2-3792-AC determinó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en 13 servidores del Fovipol, de los cuales nueve ya figuran entre los responsables de los hechos irregulares en los proyectos inmobiliarios “La Purísima” y “Carlos Stein” en Lambayeque.
Se trata de: Herbet Iván Ramos Ruiz, Samuel Jesús Peralta Campos, Carlos Enrique Cárdenas Bernaola, Juan Carlos Valderrama Alva, José Antonio Calle Merino Carrasco, Alan Adán Belletich Seminario, Cristian Gaspar Rosales, Evony Diana Yarleque Estrada, Guancarlos Adair Alejo Encinas, Miguel Angel Diaz Molleda, Lucio Manuel Ramírez Rios, Enrique Alberto Alva Burga y Luis Guillermo Berrocal Kasay.
Como parte de la indagación de Correo, se detectó que el representante del Consorcio Santa Rosa, contratista de los millonarios proyectos inmobiliarios en Chiclayo, tiene familia policial. Uno de ellos es Carlos Ato Morales, coronel de la Policía que trabajó en Inspectoría General PNP y también ha sido jefe policial en la región Piura. Es tío de Mario Ato Tejero (Consorcio Santa Rosa) y al ser entrevistado negó haber ejercido “influencia” para que su pariente obtenga el millonario contrato.
La Contraloría informó que, en ambos casos, se recomendó al Comandante General de la Policía Nacional del Perú a adoptar acciones para que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, mientras que a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción se recomendó iniciar las acciones penales contra los involucrados.
