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La promesa de recibir clases presenciales sigue pendiente para un promedio de 500 escolares del distrito de Motupe, provincia de Lambayeque. Los alumnos pertenecen a tres instituciones educativas, cuya nueva infraestructura fue financiada por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).
En todos estos casos, la municipalidad distrital estuvo a cargo de otorgar la bueno pro para la ejecución de las obras. Sin embargo, el único proyecto de inversión que no ha finalizado es la institución educativa N° 10149 “Elmer Cortez Serquén”, ubicada en el centro poblado Tongorrape.
En abril pasado, el personal contratado por el Consorcio Motupe paralizó los trabajos argumentando que el municipio incumplía con los pagos.
El contrato que firmó el Consorcio y la municipalidad estableció que la ejecución debía concluir el 23 de abril de este año, pero a fines de ese mes, el avance físico de la obra solo llegó a un 44.31%, según la Contraloría.
A la fecha, la comuna incumple con registrar en el sistema Infobras los avances de la obra y las valorizaciones pagadas. Mientras que la contratista tampoco ha cumplido con asignar a los profesionales que consignó en el expediente técnico.
Durante las cuatro inspecciones que hizo la Contraloría, entre febrero y mayo de este año, se advirtió la ausencia de cinco especialistas pese a que fueron acreditados por el Consorcio Motupe.
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En estas visitas, también se encontró a la ingeniera Melissa Garate Labajos, quien refirió ser asistente de seguridad pero su cargo no figura dentro de los profesionales que propuso el contratista.
Algo similar ocurrió con la empresa supervisora Harper Ingenieros SAC, pues la Contraloría determinó que dos de sus asistentes tampoco estuvieron presentes.
El bachiller Ronie Zegarra Bernal, a quien si hallaron en la obra, se presentó como ingeniero asistente pero un representante de la empresa desconoció haberlo acreditado para que participe en la supervisión.
Otro aspecto que retrasó la obra fue el plan de contingencia. Como parte del presupuesto, se incluyó un importe de S/237,043 para la construcción de módulos provisionales donde los 400 alumnos del colegio recibirían clases hasta que concluya la ejecución de la obra.
No obstante, el expediente técnico que elaboró la municipalidad no consignó los planos, especificaciones técnicas y otros documentos que precisen cómo se instalarían dichos módulos.
El Consorcio solicitó esta información a la comuna, pero el 22 de marzo decidió empezar a ejecutar el plan de contingencia sin la documentación. El pasado 11 de mayo, la Contraloría encontró que la construcción de los módulos se había paralizado.
Dos colegios no son transferidos a la UGEL
En Motupe, existen otros dos colegios que sí fueron reconstruidos, pero las obras no han sido transferidas a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Lambayeque para que autorice las clases presenciales.
Uno de ellos es la institución educativa N° 505, al que pertenecen 35 estudiantes de nivel inicial.
Correo pudo conocer que la Gerencia Regional de Educación ya visitó el plantel, pero todavía no ha dado su conformidad a la obra que ejecutaron las empresas Beta Koncret SAC y Corporación Guevara EIRL.
El último caso corresponde al colegio N° 10195 “Martha Isabel Severino García”, del caserío Escuza Baraja, cuyo expediente técnico aún no ha sido remitido a la gerencia de Educación para que haga una visita técnica y confirme si la obra es apta para el reinicio de clases.
Las empresas que estuvieron a cargo de su ejecución fueron RK Consark SRL, Flogaing Contratistas Generales SAC y J & C SAC. Los más perjudicados con esta situación son un promedio de 74 escolares, de nivel inicial.
