Foto referencial.
Foto referencial.

Tal como sucedió en los últimos gobiernos de turno, nuevamente la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) es escenario de escandalosos actos irregulares, en la gestión de la alcaldesa Janet Cubas Carranza.

Los hechos se conocieron luego que un ciudadano, cuya identidad pidió mantener en el anonimato, hiciera una grave denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, motivando la intervención de la fiscal María Eneque Yauce.

Esto, debido a que personal de dicha área estaría adulterando actas de internamiento de vehículos en el depósito municipal, a fin de favorecer a choferes infractores reduciendo multas elevadas, previo pago de una supuesta coima.

El denunciante narró que el pasado 13 de mayo, a las 3:50 de la tarde, los fiscalizadores de transporte de la MPCh intervinieron, en el cruce de las calles Manual Pardo y Luis Gonzales, al vehículo de paca de rodaje ASD – 243, conducido por José Frankli Suclupe Siesquén. Precisó que dicho chofer se encontraba haciendo transporte informal de pasajeros (colectivo) hacia el distrito de Mórrope, sin contar con la documentación respectiva para brindar el servicio público.

Por tal motivo, con apoyo del policía de Tránsito,  Grover Zavaleta Poluche, condujeron el vehículo al depósito municipal para su internamiento, emitiéndose el acta de fiscalización N° 0534 con Código 0-01 de infracción, el cual impone una multa de 40% de una UIT (S/ 2,060), siendo el motivo “prestar servicio sin autorización que corresponda, estando vencida, cancelada o suspendida”.

Sin embargo, extrañamente al día siguiente (14 de mayo) el vehículo fue retirado del depósito, mediante el Acta de Fiscalización N 19248, en cuyo formato se consignó que el automóvil fue internado por “no portar TUC”, siendo calificado como infracción T-06 y la imposición de una multa leve del 10% de una UIT (S/ 515).

El denunciante precisó que dicha multa solo se aplica en caso de que el intervenido no porte su tarjeta de circulación. No obstante, el intervenido ni siquiera cuenta con solicitud en trámite  para hacer servicio público, por lo que no era posible que se le aplique la infracción T-06.


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