Fin de un sueño. Tomaron posesión de una tierra extensa y fértil y la labraron por más de 15 años con la ilusión de algún día ser reconocidos como legítimos propietarios, sin embargo ese sueño llegó a su fin de manera violenta.
No solo construyeron casas, tuvieron hijos y cosecharon productos en ese productivo terreno, sino que también abastecían a los mercados locales como verdaderos agricultores, el único título que obtuvieron y que ahora lo perdieron.
Un día antes de conocer la triste noticia de que serían desalojados, los hombres y mujeres de ese codiciado campo llamado Fundo Palomino, ubicado en el distrito de Zaña, acudieron hasta la sede del Poder Judicial en Chiclayo, para protestar contra la juez que ordenó el lanzamiento, pero nada pudo impedirlo.
HECHOS. La resolución N° 151 que ordenó el desalojo, descerraje y demolición de viviendas fue ejecutada ayer con participación de cientos de agentes de la Policía Nacional.
Algunos campesinos y ganaderos que se negaban a aceptar la medida judicial intentaron enfrentarse a los efectivos policiales, quienes tuvieron que hacer uso de gases lacrimógenos, para repeler a los manifestantes.
Incluso, algunos pobladores que se resistían a desocupar el área - reconocida judicialmente a favor de la Empresa Cayaltí - lanzaron pirotécnicos y abejas a los agentes, por lo que algunos de ellos resultaron con picaduras.
La diligencia se realizó con cargadores frontales, por lo que las familias afectadas no pudieron hacer nada para evitar el derrumbe de sus viviendas de material rústico y la destrucción de sus campos de cultivo.
En redes sociales, algunos moradores compartieron videos de la diligencia de desalojo, donde informaron que los policías iban derrumbando siete viviendas, contiguas a extensos campos de cultivo, y detenían a algunos revoltosos.
RECHAZO. Los más afectados con esta medida judicial fueron decenas de niños y niñas, quienes podrían ver afectados sus estudios al perder sus viviendas.
“Hay más de 90 niños que asisten a sus labores escolares, al centro poblado La Otra Banda, también a un colegio en el centro poblado de Nuevo Mocupe, y a Nuevo Ucupe”, dijo José Gonzales Carranza, representante de los moradores.
El agricultor lamentó que la jueza Elvira Rojas haya dispuesto el desalojo sin antes haber acudido al fundo Palomino y conocer su realidad.
“Hemos hecho muchas cosas en ese terreno, está mecanizado, hay un pueblo formado, somos 300 familias que todos los días labramos esas tierras, pero por este Poder Judicial podrido nos afectan y lastiman a estos niños psicológicamente”, dijo, subrayando que incluso construyeron un colegio inicial, una casa comunal y una pista.
Además, indicó que tenían derecho a la prescripción adquisitiva de dominio, pues llevan en posesión de los terrenos desde hace 15 años.
“La empresa Cayaltí reclama esas tierras, pero nunca le perteneció, era de la exhacienda y en tiempo de reforma agraria pasó a la empresa Cayaltí, pero con la condición de que no la arriende, ni abandone, que la trabaje, algo que no hizo, fuimos nosotros con nuestros abuelos y niños”, aseveró.
Por último, precisaron que la empresa Cayaltí tendría como finalidad traspasar las tierras a otra compañía.
Cabe indicar que los moradores afectados que integran la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Fundo Palomino – Zaña, interpusieron una acción de amparo para anular la sentencia del Segundo Juzgado Civil; sin embargo, la Primera Sala Civil de Lambayeque declaró infundada su demanda.
El fallo ordenó el desalojo por ocupación precaria, es decir no contar con título de propiedad.
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