En la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) incurrieron en vicios durante un proceso de contratación pública.
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) emitió el Dictamen N°550-2023 donde determina que en la “Adquisición de alimentos para la canasta del programa de complementación alimentaria”, el Comité de Selección de la MPCh vulneró el principio de libertad de concurrencia y competencia, regulado en la directiva N° 006-2019 para las bases estándar de Subasta Inversa Electrónica.
irregular. La comuna tenía programado concretar la compra de lenteja de calidad superior por una suma de S/319 mil 694; frijol bayo a un costo de S/157 mil 098; aceite vegetal comestible de soya a un valor de S/393 mil 081; conservas de caballa en aceite vegetal de 425 gramos a S/222 mil 231 y conservas de jurel en aceite vegetal de 425 gramos por S/ 518 mil 540.
En total se ha destinado S/ 1 millón 610 mil 645 para estos abarrotes.
Cabe señalar que la entidad también programó la compra de 580 kilos de azúcar rubia, pero esta sería obtenida mediante una contratación estipulada para precios que están por debajo de las 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Sin embargo, el lunes 10 de julio, el OSCE notificó a la MPCh que deberá esclarecer las responsabilidades entre los funcionarios involucrados de elaborar las bases.
El organismo planteó observaciones por la adquisición del azúcar por separado. Asimismo, porque en las bases se consignó como requisito que los postores presenten una declaración jurada de autorización del fabricante. “Una declaración jurada no es un documento habilitante para la comercialización del bien común, razón por la cual no correspondía que sea solicitado”, explica el dictamen.
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Especialista en contrataciones del Estado opina sobre el tema
El consultor en temas de contratación del Estado, Jorge Chávez Pita, fue claro al advertir que lo sucedido es muy preocupante.
“Es vergonzoso que esto suceda todos los años. Que el OSCE tenga que intervenir y justo cerca del plazo para la firma de contrato”, anotó.
Las observaciones evidencian que no hay la calidad entre los funcionarios de la actual gestión de la alcaldesa Janet Cubas, para elaborar bases de contrato. Esta compra es para el funcionamiento de programas sociales
“La entidad no va a poder firmar el contrato y se va a tener que retrotraer el proceso a una nueva convocatoria en subasta inversa”, agregó Chávez.
El plazo adicional puede ser un mes como máximo, a fin de que la convocatoria cumpla con todos los requisitos.
funcionarios. Según el acta de otorgamiento de la buena pro, los funcionarios que intervinieron en la evaluación de las propuestas son: presidente Sara Verona Ciurlizza (gerente de Desarrollo Social); José Neciosup Chafloque, primer miembro y Ana Gamonal Fernández, segundo miembro.
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