El Consejo Regional de Lambayeque admitió a trámite un pedido de suspensión contra el gobernador regional, Jorge Pérez Flores, debido a que incumplió una de sus funciones.
Pero este trámite pasará primero por la Comisión de Ética y Fiscalización del Consejo que, en los próximos días, notificará a Pérez, así como a la vicegobernadora, Flérida Saavedra, y a la gerente Regional de Programas Sociales, Magaly Romero Dávalos, a fin de que elaboren sus descargos.
Fue el consejero regional, Ricardo Lara Doig, quien preside la Comisión de Ética, el que expuso los motivos.
Lara explicó que el gobernador debería ser suspendido del cargo por un plazo de 30 días por incumplir con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 31439 que modifica la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, con la finalidad de fortalecer las instancias de concertación, sean estas regionales, provinciales o distritales.
“A pesar de que como autoridad debió liderar dicha instancia, no ha presidido las reuniones y ha delegado a Saavedra. Esto resulta delicado u anecdótico, porque actualmente el gobernador arrastra una denuncia por violencia contra la vicegobernadora”, explicó.
Aunque Lara intentó que la propuesta de suspensión sea discutida a nivel del Consejo para agilizar el procedimiento, fueron sus colegas Juan Pablo Horna y Gustavo Espinoza, quienes se opusieron y consiguieron que dicho pedido se analice primero en la Comisión de Ética.
Y no deja de ser irónico que Horna y Espinoza jueguen en contra, ya que integran la instancia de Ética, pero no siempre se alinean a las iniciativas de Lara.
Es innegable advertir que en su segundo año de gobierno, Pérez solo haya sumado nuevos cuestionamientos
“Por un lado, lamento que el Consejo dilate el pedido de suspensión, porque equivocadamente derivan a una comisión ordinaria. En el otro aspecto, al parecer la presencia del gerente general le está trayendo muchos problemas, y tenemos una gestión que no ha llegado a los estándares mínimos de cumplimiento de ejecución de presupuesto. Él ha sido denunciado por violencia y el Gobierno tiene denuncias de acoso laboral y sexual y recortes de sueldo. Son varias situaciones que se deben”, enfatizó
Inusitada celeridad en pago de laudo
La Comisión de Ética también indaga sobre el pago de S/ 3 millones a favor de Godofredo Guanilo Vásquez, de la Constructora Wilmar Brepesh SRL, que demandaba la cancelación de un laudo arbitral judicial.
Lo que se cuestiona es el trato especial y la agilidad para responder al pedido de Guanilo, porque luego esto generó consecuencias para el presupuesto de una obra y se habría incumplido la ley de priorización de pagos. Además, se presume la intervención indebida en actos administrativos.
A este problema se suma la designación de Fanny Farroñán Sánchez como jefa regional de Presupuesto y Planeamiento, entre los días 21 y 22 de marzo de este año. Se presume que fue esta funcionario la que otorgó la acreditación presupuestal para que se ejecute el pago.
La designación habría sido firmada por Pérez, cuando se encontraba de comisión de servicio en Cusco y la vicegobernadora regional estaba a cargo de la gobernación.
Durante la última sesión, el consejero Gustavo Espinoza pidió que se archive la investigación del laudo, pero el Consejo no aceptó.
En este punto vale resaltar que hay mucha información que la Comisión de Ética necesita para aclarar las denuncias, pero las oficinas y gerencias no responden a los requerimientos, pese a que hay un plazo de 10 días calendarios para hacerlo.
Al respecto, el gerente general, Ranjiro Nakano, señaló que el caso del laudo arbitral ya fue esclarecido por las distintas instancias administrativas y que él mismo explicó a los consejeros sobre el procedimiento para cancelar ese compromiso, a fin de no perjudicar más al GORE, pues se trata de un pasivo dejado por la anterior gestión regional.
Viaje a Rumania y contratación de inhabilitada
El viaje a Rumania es otro pendiente, porque la Comisión ha decidido que investigará sobre los gastos realizados por funcionarios, pues hay una contradicción, “El informe legal indica que no hubo gasto para el GORE, pero existen documentos donde el gerente de Transportes y un funcionario de la Gerencia Regional de Agricultura solicitan viáticos y compra de pasajes a las áreas administrativas”, señala un documento de Ética.
Un hecho más es la contratación de Karina Irureta Fuentes, quien se encuentra inhabilitada para trabajar en el Estado, pero logró prestar servicios a la Gerencia Regional de Infraestructura como locadora de servicios.
Al respecto, se ha decidido comunicar a la Contraloría, el accionar de los funcionarios del Gobierno Regional Lambayeque, para que se realicen las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades en el desacato a lo dispuesto por el Tribunal de Responsabilidades para esta servidora, así como los informes sobre presunta sobrevaloración en la compra de maquinaria.
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