Posesionarios indican que no se oponen a la realización de las obras. Aseguran que quieren conciliar.
Posesionarios indican que no se oponen a la realización de las obras. Aseguran que quieren conciliar.

Un grupo de familias del sector Santa Clara en el distrito de Chongoyape exige la instalación de una mesa de diálogo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Alertaron que se está gestando un conflicto social, debido al proyecto de construcción del puente Juana Ríos.

Según la versión de algunos entrevistados, afrontan dos problemas: el riesgo de desalojo por parte de la Policía Nacional y el no reconocimiento de la Comunidad Campesina Santa Catalina Muchik para el pago de un justiprecio.

Desde enero de este año, la Procuraduría Pública de Provias Nacional (unidad ejecutora del MTC) y agentes policiales han intentado retirar a algunos posesionarios por ocupar un área que le pertenece al Estado.

Rodolfo Cieza Custodio, tiene 13 años como posesionario en la zona, señaló que en su caso el problema es con la Comunidad, pues la actual directiva se niega a otorgarle una compensación económica.

A través de la Ley de Acceso a la Información Pública, este ciudadano conoció que, en mayo del 2024, Provias Nacional giró un cheque por la suma de S/ 1 millón 600 mil soles a nombre de la organización comunal, con el objetivo de que este dinero sea distribuido entre los afectados por la obra.

“El señor Carrasco ha respondido que no pagará a quienes no tienen derecho. Por eso sostengo que Provias cometió un grave error de no llamarnos a dialogar, de no suscribir actas de compromiso. Ahora hay enfrentamientos con la Policía y con la Comunidad”, dijo.

Enfatizó que no está en contra del proyecto. “Solo queremos que se reconozcan las mejoras que hicimos en estos años y que cesen los malos tratos”.

Aún más complicado es lo que vive Lesbi Martínez Quintos y su familia. Ni Provias ni la Comunidad Santa Catalina Muchik le quieren reconocer las mejoras y la expropiación.

En el 2021 adquirió un terreno de 2 500 metros cuadrados y recibió el título de posesión N° 174 por parte de la Comunidad.

Afirmó que cuenta con pruebas para demostrar que, desde el 2023, funcionarias de Provias Nacional estaban al tanto de su situación, pero al final no fue incluida en la lista para el pago del justiprecio.

En un video que compartió con Correo, registrado el pasado 28 de enero, se oye a un abogado de la Procuraduría de Provias decir lo siguiente: “Si la comunidad te ha vendido a ti, tienes que reclamarles, porque se les ha pagado por esto”. Pero existe otro video de una diligencia fiscal, efectuada a pedido de Martínez, donde el presidente de la comunidad, Edivar Carrasco señala que la responsabilidad sería de Provias Nacional por habérseles “escapado” la documentación de esta moradora.

Cabe indicar que los posesionarios se ubican en la parte de acceso a lo que será el puente Juana Ríos, obra esperada desde hace varios años

Compensación por daños se dio  anteriormente

No es la primera vez que el Estado otorga una compensación a la comunidad Santa Catalina por daños ocasionados a sus miembros.

Tiempo atrás el MTC destinó más de S/2 millones por la expropiación de áreas para el proyecto del puente Cumbil. A diferencia de hoy, en aquella ocasión sí hubo diálogo.

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