La Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque dispuso que se acumulen dos carpetas fiscales, que contienen investigaciones sobre el perjuicio ocasionado durante varios años a la Empresa Agroindustrial Tumán.
Este es un paso, en un largo camino, para determinar la sanción que corresponda a quienes dilapidaron el patrimonio de la excooperativa.
Los casos comprenden a los exadministradores judiciales, Leoncio Egúsquiza Sánchez, César Sandoval Lozada, Alejandro Zevallos Gonzales y Marcelino Llontop Suyón.
Estos asumieron la dirección de la empresa entre los años 2015 y 2018, gracias a resoluciones del Poder Judicial.
Pero los hechos denunciados advierten que estos sujetos se encuentran implicados en los delitos de lavado de activos, fraude en la administración de personas jurídicas y organización criminal.
La acumulación implica que la Fiscalía investigue la relación entre los hechos y cuál fue el modus operandi. Las pesquisas en estos procesos iniciaron en el año 2018 y la formalización preparatoria se produjo en el año 2020. Por aquel entonces se dispuso un plazo de 36 meses, que está a poco de culminar.
Está pendiente la realización de un peritaje contable por parte del Ministerio Público. La documentación presentada por los denunciantes, un grupo de trabajadores y jubilados que conforman el Sindicato de Tumán, demostraría los faltantes de dinero, la apropiación ilegal de recursos y un perjuicio económico de S/ 200 millones, de acuerdo a lo detallado por una pericia de parte.
Los indicios muestran que los implicados simularon gastos en viajes fuera de Chiclayo, asesorías legales y comerciales y trámites judiciales, con el objetivo de justificar la salida del dinero, generado a través de la venta de azúcar y sus derivados (alcohol y melaza).
En base a los ilícitos atribuidos a Egúsquiza, Sandoval, Zevallos y Llontop, podrían afrontar penas de cárcel de hasta 20 años en un virtual juicio, según la información del Ministerio Público a que este diario accedió.
Los exadministradores también fueron conocidos por dirigir protestas contra el Poder Judicial y el Grupo Oviedo por supuestos abusos laborales y fraudes. Ahora deben responder ante la justicia.
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A la fecha, Egúsquiza está inmerso en un juicio por usurpación agravada, pero en sus redes sociales señaló que las investigaciones de la Fiscalía no tienen sustento, pues la empresa ya se encontraba en estado crítico tras la administración de Segundo Ordinola.
El abogado del Sindicato de Tumán, Luis Carrasco Lucero, señaló que son las autoridades judiciales las que en última instancia determinarán las responsabilidades.
“Lo real es que la empresa está quebrada, sin pagos a empleados y jubilados. Hace falta que asuma una administración con experiencia para evitar más pérdida del patrimonio, que hoy está siendo rematado, aunque con el actual panorama, eso será difícil”.
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