Momentos de alta tensión se vivieron el último lunes 31 de agosto en los exteriores de la obra del Hospital de Monsefú, luego de que representantes y trabajadores del Consorcio Brontes impidieran el ingreso a la comitiva del Gobierno Regional de Lambayeque (Gore).
La entidad regional pretendía tomar posesión del recinto y ejecutar una diligencia de constatación física e inventario para formalizar la resolución del contrato de este proyecto valorizada en más de S/ 170 millones.
Detalles
La diligencia derivó en un tenso cruce de reclamos en la puerta de acceso entre personal del Gore, acompañados por un notario público, efectivos de la Policía Nacional y la defensa legal del contratista. Entre un despliegue de pancartas y documentos en alto, el representante legal del Consorcio Brontes se opuso enérgicamente a la intervención.
“Queremos que se respete lo que ha ordenado la Junta para la Prevención y Resolución de Disputas (JPRD): la suspensión de la resolución de contrato que pretende el gobierno regional. Paralizar la obra es prácticamente dispararse a los pies, el Estado no está para hacer ensayos, parar a cada momento, contratando y recontratando la misma obra se presta a malas interpretaciones”, declaró el abogado de la contratista, Roberto Chigne Santacruz.
Asimismo, advirtió que la insistencia del gobierno regional en forzar el ingreso configuraría desacato, abuso de autoridad y resistencia a la autoridad.
En respuesta, el gerente general del Gore, Virnel Serna Guerrero señaló de manera enfática que la resolución del contrato se sustenta en actos irregulares que habría cometido la mima empresa.
“Lamentablemente, profesionales de ustedes, mediante declaraciones juradas y documentos que ellos mismos han presentado, nos alertan. El arquitecto nos entregó un documento notarial señalando que no trabajaba con la empresa. Entonces, ¿cómo empezamos la parte de especialidad de arquitectura sin personal clave? Después de 84 días se cambia. ¿Y cómo está ese lapso?”, dijo.
Asimismo, frente a todos los presentes, el gerente regional detalló lo que otro personal clave de la misma contratista advirtió respecto a una valorización.
“Un especialista en suelos, que creo que es quien está denunciando, dice: ‘No es mi firma, han alterado los resultados y ustedes ya pagaron’. Por si acaso, aquí está el documento que nos hizo llegar vía notarial. ¿Cómo no voy a desconfiar? Nosotros vamos a tomar acciones. Perdón, pero estamos hablando de documentación presentada y pagada por su propio profesional, que es clave dentro de la ejecución”, aseveró.
Del mismo modo, el asesor jurídico del Gore sostuvo que el JPRD no tiene injerencia en el conflicto, pues se trata de una nueva controversia.
“No es un adicional ni una ampliación de plazo, sino una controversia suscitada en el marco contractual. La norma indica claramente que, cuando existe documentación falsa en la etapa contractual, la entidad, sin previo apercibimiento, resuelve el contrato y eso es lo que hemos hecho”, aseveró.
No obstante, ante la negativa y el acalorado intercambio, los efectivos policiales y el notario registraron en fotografías y videos lo ocurrido, dejando constancia en el acta de la imposibilidad de realizar el inventario.
Denuncia
El Gore dispuso la suspensión de pagos al contratista mediante la empresa fiduciaria y ordenó a la Procuraduría iniciar acciones legales.
Emiten comunicado
El Gore informó que la diligencia tenía como objetivo determinar el estado de la obra y continuar el procedimiento para elaborar el expediente de saldo de obra; sin embargo “el ingreso a las instalaciones fue impedido por personal del contratista, pese a la presencia del director de supervisión y un notario público”.
