La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque dispuso el inicio de diligencias preliminares contra funcionarios de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, tras la denuncia presentada por el Sindicato de Trabajadores Municipales por el presunto incumplimiento en el pago de beneficios laborales.
La fiscal provincial María Eneque Yauce abrió la carpeta fiscal N.° 2578-2025, en la que se investiga a la gestión de alcalde Elber Requejo Sánchez la presunta comisión de delitos contra la administración pública en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción. El plazo fijado para las pesquisas es de 240 días.
El Sindicato de Trabajadores Municipales de José Leonardo Ortiz denunció al gerente de Administración y Finanzas, Ciro Ismael Delgado Sánchez, por no ejecutar el pago de subsidios y asignaciones reconocidas por ley, a pesar de existir disponibilidad presupuestal.
Según la denuncia, las deudas pendientes incluyen: subsidios por fallecimiento y luto, con resoluciones emitidas desde el 2004: asignaciones por 25 años de servicio, reconocidas en resoluciones de los años 2012 al 2024; y asignaciones por 30 años de servicio, con resoluciones emitidas entre 2008 y 2024.
Los denunciantes aseguran que estas obligaciones laborales se encontraban debidamente certificadas y presupuestadas en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2025, el cual destinaba más de S/ 477 mil para cubrir dichos beneficios. Incluso, el informe financiero de la municipalidad mostraba una disponibilidad superior a S/ 1,5 millones en diversas fuentes de financiamiento, como recursos municipales, Foncomún y fuentes directamente recaudadas.
Pese a los reiterados oficios, solicitudes formales e incluso una carta notarial enviada en julio de este año, el funcionario denunciado no habría cumplido con los pagos, incurriendo —según el sindicato— en una conducta de retardo injustificado contra los derechos laborales.
La Fiscalía requirió al alcalde Elber Requejo que, en un plazo de 15 días, remita toda la documentación que acredite las responsabilidades de los funcionarios a cargo de la gestión financiera durante el año 2025. De no hacerlo, podría ser denunciado penalmente por omisión.
Cabe indicar que las diligencias preliminares tienen como objetivo determinar si existió abuso de autoridad, omisión o retardo de actos funcionales.
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