La entidad fiscalizadora encontró presuntos hechos irregulares durante la ejecución de diferentes obras; además encontró responsabilidades penales y administrativas en 325 funcionarios de las entidades públicas.
La entidad fiscalizadora encontró presuntos hechos irregulares durante la ejecución de diferentes obras; además encontró responsabilidades penales y administrativas en 325 funcionarios de las entidades públicas.

La detectó en el periodo 2022 un prejuicio económico de S/18 millones en Lambayeque, que corresponden a presuntos hechos irregulares durante la ejecución de diferentes obras.

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Acciones

La entidad fiscalizadora realizó varias observaciones en las organizaciones públicas determinando que 325 funcionarios tendrían responsabilidad en acciones ilícitas en agravio al gobierno peruano.

El Gobierno Regional de Lambayeque (GORE) lidera dicha lista con 27 trabajadores públicos, seguido del Proyecto Especial Olmos con 24; la Gerencia Regional de Salud-Geresa con 24; la Municipalidad Distrital de La Victoria con 22 y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo con 19.

Asimismo, a través de la presentación del balance de gestión del control gubernamental se informó que la Controlaría ejecutó 1 116 informes de control en la región; de los cuales 386 pertenecen al control posterior, que incluye 77 auditorías de cumplimiento y servicios de control específico; así como también una auditoría de desempeño; 15 de financiamiento y 293 acciones de oficio posterior.

En el control específico se detectó que las entidades públicas permitieron efectuar el control a S/ 1 874 millones de recursos del Perú. Mientras que en 730 servicios de control simultáneo se obtuvo 1935 situaciones adversas o riesgos alertados a los gestores públicos para que adopten medidas correctivas.

Pese a ello, el 29% de situaciones adversas no han sido corregidas; el 46% nisiquiera está en proceso de corrección y solo el 25% están en dicho transcurso o ya fueron resultas.

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El gerente regional de control de Lambayeque, Tomás Tello Benzaquen, señaló que la Contraloría detectó tachas en obras con un presupuesto que asciende a los tres millones; sin embargo aún no se ha determinado perjuicio económico porque no se han dado por concluidas.

Uno de los ejemplos es el de la avenida José Balta que tiene como unidad ejecutora a la Municipalidad de Chiclayo. Esta fue fiscalizada por la entidad, ya que sostenía incongruencias en el expediente técnico retrasando los trabajos hasta la actualidad.

“La obra fue paralizada en la gestión de la alcaldesa Janet Cubas, pero a la fecha, la representante edil continúa en coordinación, a fin de que se concluya a corto plazo”, manifestó.

Por otro lado, explicó que en la agenda de control en Lambayeque 2023 se programó realizar 446 servicios fiscalizadores; de los cuales 303 corresponden al control simultáneo y 143 al posterior.

“Se van a priorizar los proyectos con mayor inversión como el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana de José Leonardo Ortiz; el mejoramiento del sistema de agua potable de las localidades de Juan Tomis Stack y Ciudad de Dios de San José y el mejoramiento del ambiente de quimioterapia y equipamiento del servicio oncológico del Hospital Las Mercedes”, finalizó.