Lambayeque: Advierten que los denuncian sin pruebas

Los defensores ambientales del Área de Conservación Privada (ACP) Chaparrí vienen siendo perseguidos a través de demandas judiciales .

VER MÁS: Lambayeque: Advierten faltante en cuentas de municipio

Así lo expresaron enfáticamente durante un plantón que realizaron en la ciudad de Chiclayo.

A la fecha, son 25 comuneros procesados en la vía judicial y penal, a quienes se les atribuye delitos contra los bosques, tala indiscriminada y caza.

En su defensa, aseguran que el Ministerio Público no cuenta con las pruebas, y que las denuncias responden a una estrategia que busca erradicar a los comuneros fundadores de la ACP, pues son el principal obstáculo de los traficantes de terrenos.

“Hay actores vinculados a diferentes actividades económicas cuyo objetivo es que Chaparrí pierda su categoría de área de conservación”, señaló Javier Ruiz Gutiérrez, dirigente del Frente de Defensa de Chaparrí.

Desprotegidos

Si se trata de hechos muy graves, desde el 2016 se registraron los asesinatos donde las víctimas fueron comuneros.

Empezó en Salas con tres asesinatos; luego en el 2018 ocurrió el crimen de José Tarrillo Astonitas en un caserío de Chongoyape y en el 2020 murió en el Bosque de Pómac, el activista Jorge Muñoz Saavedra, a manos de delincuentes.

Pero de estos tres procesos, solo en el de Salas hay sentencia.

“En este tipo de investigaciones solo sabemos de los autores materiales, pero la pregunta es quiénes pagaron a estos criminales. ¿Por qué quieren desaparecer los bosques? ¿Por qué las comunidades campesinas están siendo afectadas?”, anotó Ruiz.

Aunque el fantasma de la muerte ya no está tan presente, actualmente los comuneros más antiguos se sienten desprotegidos, ya que por haber creado zonas para actividades turísticas y ecológicas han sido acusados por la Fiscalía.

Los entrevistados señalaron que quienes los denuncian son exdirectivos que se coludieron con los usurpadores de terrenos. El problema ahora es que el Estado asume los juicios como agraviado.

Javier Ruiz señaló que las denuncias surgieron luego de las acciones de recuperación de tierras que emprendió la actual directiva de la Comunidad Campesina Santa Catalina de Chongoyape.

“Las denuncias que hace la comunidad contra los usurpadores se estancan, pero las que ellos presentan ya están para juicio, es increíble. Incluso hay una demanda de la empresa San Juan que avanzó con una inusitada rapidez”, explicó.

Ello, a pesar de que se ha demostrado que las áreas usurpadas son territorio de la Comunidad.

Actualmente, se han recuperado 3 mil hectáreas, de un total de 34 mil de la ACP.

Esa recuperación ha costado caro y ha traído la criminalización y hasta desencuentros con la Policía Nacional, agentes de la Policía Ecológica quienes son señalados de abuso de autoridad por parte del Frente de Defensa de Chaparrí.

“Los defensores del bosque están siendo procesados, y los verdaderos usurpadores están mirando cómo desde el Estado se está enjuiciando, causando daño”, afirmó Ruiz.

PUEDE LEER: Piden que Consorcio asuma fallas detectadas en compactadoras

Testimonio

Entre los comuneros enjuiciados se encuentra Juan de Dios Carrasco, a quien denunciaron por la tala de 50 hectáreas de bosque, pero -según lo que señala- no se ha comprobado que haya causado daño, e igual lo acusan y piden para él 4 años de cárcel y el pago de una reparación de S/ 5 mil.

El juicio está programado para agosto.

Un drama similar vive Hermenegildo Torres Perales, al que la Fiscalía acusa por la depredación de 1,500 hectáreas de bosque y también afronta una pena de 4 años.

“Los exdirectivos del 2015, 2016 y 2017 denuncian y todos sabemos que han actuado mal. Es un abuso de las autoridades judiciales”, dijo.