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El alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Marcos Gasco Arrobas, busca librarse del proceso penal que enfrenta por las presuntas irregularidades en el contrato suscrito con la empresa Veolia SAC en el 2018, para el alquiler de 10 compactadoras de limpieza pública.
El abogado defensor del burgomaestre, Silverio Alvarado Puluche, formuló varias observaciones a la pericia contable realizada por el Ministerio Público, la cual que detectó un perjuicio económico de S/ 249,733.14. Esto, porque la MPCh pagó S/ 1′896,733.14 pese a que su presupuesto era de S/ 1′647,000.00.
La defensa del alcalde sostiene que la pericia contiene “afirmaciones temerarias” pues los peritos desconocen que la certificación presupuestal de S/ 1′647,000.00 fue inicialmente archivado en la Gerencia General de la MPCH, debido a que la Oficina de Control Interno (OCI) la observó.
“Los peritos no han tenido en cuenta que la certificación presupuestal fue emitida en base a un segundo requerimiento el cual no fue observado por OCI, por la suma de S/ 1,755,000.00″, señaló.
Sin embargo, esto también es cuestionado en la pericia, pues la MPCh estableció como valor referencial del contrato dicho monto; y al final otorgó la buena pro a Veolia a pesar que su propuesta económica era de S/ 1′896,733.14.
PERITOS ADVIERTEN UN PAGO EN EXCESO DE S/ 141 MIL
Por eso, los peritos concluyen que la MPCh pagó S/ 141.750 en exceso y advierten que el gerente de Planificación y Presupuesto, Luis Ponce Ayala, no tuvo en cuenta lo que ordena la Ley de Contrataciones: se debe gestionar para que el postor acepte reducir su oferta.
El abogado de Gasco Arrobas también refutó dicho argumento. “Lo que se autorizó es efectuar una modificación presupuestal del programa de incentivos municipales, disposición que no fue observada por la sub gerencia de Presupuesto, ni mucho menos por el Ministerio de Economía y Finanzas que es el ente rector”, dijo.
Similares observaciones a la pericia han hecho los exfuncionarios de la MPCh comprendidos en la investigación que ya ha sido concluida por la fiscal Karim Ninaquispe, de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, quien en los próximos días emitir un pronunciamiento (archivar el caso o formular acusación y pedido de cárcel).
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