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En enero del año pasado, agentes de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) conjuntamente con representantes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios detuvieron al gobernador Anselmo Lozano Centurión, sindicado como cabecilla de una presunta organización criminal que operó en la comuna de La Victoria y se extendió en el Gobierno Regional de Lambayeque (GORE).
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Como ya es sabido, en aquel momento se ordenó también la detención preliminar del vicegobernador Luis Díaz Bravo, así como de funcionarios y proveedores. Lozano Centurión fue suspendido del cargo por encontrarse con mandado de prisión preventiva; sin embargo, no fue encarcelado por aquejar un mal estado de salud que lo llevó a pasar el tiempo en una clínica.
Tras vencerse los plazos de su arresto, el gobernador Anselmo Lozano rápidamente recobró su salud y hoy en día ha retornado al sillón regional. Ha efectuado cambios de funcionarios de confianza y designado a nuevo personal en diversas instituciones dependientes del GORE; sin embargo, una de las contrataciones llama poderosamente la atención.
De Diviac al GORE
Se trata de la designación de un agente en actividad de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad como “consultor del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público - FAG”. Nos referimos al Suboficial Técnico de Segunda, Raúl César Urdiales Mimbela, cuyo cargo en la Policía Nacional del Perú - Diviac es la de “agente de inteligencia a exclusividad”, pero increíblemente ha pasado a las planillas del Gobierno Regional de Lambayeque.
El nombre de Raúl Urdiales aparece junto a Víctor Díaz Burga, Ricardo Ernesto Antonio Vargas Zapata, Miguel Angel Cienfuegos Quiroz, Víctor Larceri Diaz Suarez y Edouard Marino Mera Samané, en el documento que el gobernador Anselmo Lozano cursa, el último 15 de setiembre, al Secretario Técnico de la Comisión FAG, Roger Siccha Martínez, con el fin de que dichas personas sean contratadas como consultores FAG.
Fuentes de Correo explicaron que un policía en actividad está impedido de laborar en otra institución del Estado, toda vez que la función policial es “especial y exclusiva”. Este medio se comunicó telefónicamente con el suboficial Raúl Urdiales, quien reconoció que labora en la Diviac; sin embargo, al ser consultado sobre su contratación como “Consultor FAG” lo negó y colgó la llamada.
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Más evidencias
Pese a su negativa por aceptar su designación como funcionario del GORE, existen más evidencias que demuestran el desempeño del agente Rául Urdiales en su nuevo cargo de consultor FAG.
Por ejemplo, el pasado 8 de setiembre, al promediar las 8:30 de la mañana, un grupo de trabajadores del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) fue impedido de ingresar a dicha institución. El motivo: se les había rescindido sus contratos. Aquel día, la persona que les comunicó sobre el término de sus contratos fue nada más y nada menos que el propio agente Raúl Urdiales.
Así consta en la denuncia policial que realizaron los propios trabajadores despedidos del COER y en la visita que realizó personal policial para constatar dicha negativa de ingreso a los trabajadores.
“Presente en el lugar (COER) me entrevisté con el abogado Urdiales Mimbela Raúl César - asesor FAG, el mismo que indicaba que los trabajadores tenían un contrato temporal de locación de servicios, razón por la cual se les impidió el ingreso”, se lee en el acta policial. No obstante, lo que llama la atención es que en esa fecha aún no había sido designado como consultor, pues Lozano lo propuso el 15 de setiembre.
Pero no solo eso, y es que a través de las redes sociales del propio COER se informó sobre una reunión que sostuvo el jefe de esta institución, José Muga Vásquez, con representantes de la ONG Save The Children y en la cual se consigna que en la reunión participó Raúl Urdiales Mimbela, en su calidad de asesor del COER. En dicha publicación hay una fotografía donde aparece el agente de la Diviac con mascarilla.
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Obstrucción
Enrique Romero Torres, en su condición de abogado del vicegobernador Luis Díaz Bravo, sostuvo que la contratación del agente de la Diviac por parte del gobernador Anselmo Lozano representa un claro acto de obstaculización de la justicia, motivo por el cual ha cursado un documento a la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe, a fin de que actúe.
“Resulta suspicaz que un policía de apoyo de la Fiscalía, que labora en una unidad que ha permitido desarticular a una presunta red criminal, ahora sea contratado como asesor por el gobernador investigado Anselmo Lozano. Eso se llama obstrucción a la justicia. La Fiscalía tampoco gozaría del principio de objetividad si tiene conocimiento y no actúa”, comentó.
