La alcaldesa distrital de Mórrope, Janet Morales Pasache, fue vacada de su cargo tras un debate del concejo distrital, tras la exposición de supuestas pruebas (expedientes, facturas, boletas de pago y chats de mensajería instantánea) que demostrarían cómo desde la alcaldía se favoreció a un proveedor.
El grupo de regidores integrado por Jaime Inoñán Valdera, Jessica Murillo Santisteban, María Farroñán Chapoñán, Cristóbal Damián Sandoval, Ericka Sandoval Santamaría Sebastián Alamo Piscoya, María Suclupe Santisteban, Mario Chapoñán Santamaría y Segundo Zeña Coronado votó a favor de la sanción, debido a las irregularidades evidenciadas en adquisiciones de materiales de construcción, que se configurarían en delitos de corrupción y falsificación de documentos.
Es preciso señalar que el debate entró en agenda a raíz de la petición ingresada por el ciudadano Alberto Santisteban Vidaurre. Pero la última palabra la tendrá el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que revisará todo lo actuado por el concejo y el cumplimiento de los artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades.
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Sin embargo esta fue la segunda oportunidad en que Morales queda cerca de abandonar la función pública. En febrero de este año, fue sometida a un pedido similar, porque habría consignado información falsa sobre su real domicilio.
El resultado desfavorable quedó plasmado en el acuerdo concejo N° 5-2023, mediante el cual la primera alcaldesa de Mórrope elegida por voto popular estaba con un pie fuera del municipio.
En el mes de abril el JNE emitió la resolución N° 050-2023 atendiendo el recurso de apelación interpuesto por la burgomaestre y de esa manera revocó lo dispuesto por los regidores y las regidoras.
Los funcionarios explicaron que sobre la compra de calaminas, se identificaron irregularidades y se comunicó a la oficina de procedimientos administrativos para delimitar las responsabilidades. “Los hechos corresponden al mes de abril. Incluso aparecieron chats de una persona que buscaba conversar con la alcaldesa, y ahí se observa claramente que ella no respondió”, señaló un representante del área de Infraestructura.
Por otro lado, en esta audiencia se recordó a los regidores que entre sus obligaciones está el respeto al debido procedimiento y permitir a la parte denunciada la presentación de pruebas y medios de defensa.
Las presuntas irregularidades son materia de investigación en la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, que semanas atrás ejecutó diligencias en las oficinas municipales.
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