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La administración de justicia en los casos que involucra a las empresas azucareras de la región Lambayeque es, desde hace más de 20 años, sumamente cuestionada por los controvertidos fallos que emiten los jueces a cargo de estos procesos, gracias a quienes se ha perennizado, durante el tiempo, a las administraciones judiciales.
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Los fallos emitidos en el caso de las azucareras, principalmente en los ingenios de Tumán, Pomalca y Pucalá, no solo han originado cientos de protestas en las calles, sino que, además, han desatado diversos enfrentamientos violentos que, a la fecha, van dejando más de una veintena de personas asesinadas. Crímenes que siguen impunes.
La impunidad no solo se percibe por la falta de justicia para las familias que perdieron a sus seres queridos producto de las pugnas por administrar las azucareras, sino también porque controvertidos magistrados continúan, a su manera, “impartiendo justicia” sobre estos mismos procesos, pese a que tienen sanciones o, incluso, están en la mira de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) para ser destituidos.
Jueza en la mira
Así tenemos, por ejemplo, a la jueza Liz Karina Fabián Palomino, titular del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, sobre quien pesa una vigente sanción de amonestación escrita por haber cometido una falta grave, y -además- arrastra un pedido de la OCMA para ser destituida por haber incurrido en una falta muy grave.
Respecto a la amonestación, esta le fue impuesta por la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) el 6 de abril del año 2022, como consecuencia de la queja que interpuso el litigante Ronald Tirado Malaver al observar irregularidades en el Expediente N° 1072-2010 seguido por la Empresa Importadora Exportadora de Productos Agroindustriales Montenegro SAA contra la Empresa Recaudo Cobranzas y Recuperaciones SA sobre un proceso de nulidad de acto jurídico.
En este caso la investigación de la Odecma estuvo a cargo del magistrado Jorge Luis Rojas Cruz, quien tras revisar el caso determinó que su colega Liz Karina Fabián incurrió en retardo en la administración de justicia, debido a que dicho expediente pasó a manos de la jueza desde el 10 de mayo del 2019 y dejó pasar más de 1 año para recién emitir una resolución; sin embargo, sospechosamente sí mostró celeridad para pronunciarse en otros casos que llegaron a su despacho con fecha posterior al proceso en cuestión.
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Dulces fallos
Las controvertidas resoluciones emitidas por la jueza Liz Fabián en el caso Tumán no solo originaron diversas protestas por grupos que no se veían favorecidos, sino que, hoy en día, le pueden costar su permanencia en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque al existir una propuesta de destitución por parte de la OCMA.
Son siete las quejas que se acumularon y que cuestionan los fallos que emitió la magistrada Liz Karina Fabián a favor del demandante Edwin Oviedo Picchotito contra la Empresa Agroindustrial Tumán (Expediente N°4320-2001) sobre proceso de indemnización.
El caso fue revisado por la magistrada contralora Elizabeth Quispe Mamani, quien realizó un exhaustivo análisis y concluyó que la jueza Liz Karina Fabián Palomino incurrió en muy grave responsabilidad disciplinaria al haberse extralimitado en el ámbito de su competencia y al haber interferido en el trámite de procesos judiciales que no estaban a su cargo.
“La magistrada investigada (Liz Fabián) se extralimitó arbitrariamente en la ejecución del proceso de indemnización a su cargo (Exp. 4430-2001), puesto que en dicho proceso su competencia se encontraba delimitada únicamente a la ejecución de la transacción extrajudicial, esto es, a la verificación del pago del íntegro de la deuda asumida por la empresa demandada, sin embargo, con las resoluciones Nº 536, 543, 550, 555 y 556 la investigada resolvió cuestiones ajenas al proceso”, señala en su informe la jueza suprema Elizabeth Hilda Quispe Mamani, quien actualmente es la responsable de la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la OCMA.
Se agrega además que Fabián Palomino incurrió en una clara vulneración de las prohibiciones contenidas en el artículo 139º2 de la Constitución y el artículo 40º de la Ley de la Carrera Judicial al emitir fallos por las cuales “resolvió declarar la prevalencia de sus resoluciones judiciales (emitidas en el proceso materia de investigación), así como la competencia exclusiva de su juzgado para cuestiones como la designación de administración judicial de la demandada, cuando ese no era el objeto del proceso de indemnización ventilado en su despacho”.
Es por ello que a criterio de la magistrada contralora Elizabeth Quispe la jueza Liz Karina Fabián incurrió en “falta muy grave”, motivo por el cual en su investigación definitiva N° 2422-2016 Lambayeque propone que se le aplique la máxima sanción de destitución del cargo. Esta propuesta será debatida en la audiencia de vista de causa programada para este 3 de marzo a las 9:00 de la mañana; según lo dispone la Resolución N° 43 de fecha 25 de enero de 2023 firmada por el juez supremo Ulises Yaya Zumaeta, en su condición de Jefe de la OCMA.
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Viajes y bienes
Correo tuvo acceso al récord migratorio de la magistrada Liz Karina, en la cual registra diversas salidas al extranjero conjuntamente con sus parientes más cercanos. Por ejemplo, en marzo del 2012 arribó a Brasil; en agosto del 2016 llegó a Chile; en octubre del 2016 a Colombia; en octubre del 2019 a España. Ese mismo año también llegó a Paris (Francia), según se puede observar en las fotografías que aparecen en redes sociales.
Sus parientes también registran salidas a los países de Panamá (en dos oportunidades), México, El Salvador, Colombia, Chile, Bolivia, España, Francia, EE. UU., Ecuador y Argentina.
De acuerdo a información de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), Liz Fabián posee tres inmuebles que, a decir de los contratos de compra venta, fueron adquiridos a precios sorprendentemente módicos.
Por ejemplo, según la Partida Registral N° 11076019, en octubre del 2015 adquirió un inmueble de 173.17 metros cuadrados en la habilitación urbana El Santuario, ubicado a unas cuadras de la exclusiva institución educativa particular Ceibos de Chiclayo, a un precio de 17 mil dólares, que al tipo de cambio de ese tiempo (S/3.25) llega a la suma de 55 mil 250 soles.
Dos meses después, en diciembre del 2015, Fabián Palomino también realizó la compra de un departamento de 70.20 m2 en el Condominio Alcazar, en el distrito limeno del Rimac, por la suma de S/53,200, según se puede observar en la Partida N° 13400928 de la Oficina Registral de Lima.
Finalmente, en abril del 2021 la magistrada Liz Karina Fabián realizó la compra de un terreno de 1700 metros cuadrados, en el Valle Chancay, sector Acequia Grande de Predio El Mamey, en el distrito de Monsefú, por la suma de S/20 mil soles. En esta oportunidad el vendedor fue Anghelo Alberto Monteza Rojas, quien resulta ser trabajador del la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y actualmente labora en el despacho de propia magistrada Liz Fabián.
Correo buscó la versión para este informe de la magistrada Liz Karina Fabián, al igual que de su abogado acreditado para la audiencia de la vista de la causa del pedido de su destitución, Edy Leiva Gibaja; sin embargo, no fue posible establecer una comunicación.
Así también se intentó recabar una versión del Grupo Oviedo, respecto a los fallos que emitió la controvertida jueza; no obstante, tampoco hubo una respuesta al pedido de dicha información.
