Lambayeque con recursos y obras varadas ante El Niño

El tiempo corre más rápido que las obras de prevención en Lambayeque. A semanas del inicio de las lluvias asociadas al fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027, la región combina una ejecución presupuestal casi estancada y proyectos de drenaje con años de retraso.

A ello se suman advertencias cada vez más insistentes de especialistas, quienes piden dejar de lado los expedientes y pasar a la acción, en medio de la extensión del estado de emergencia por otros 60 días para reducir el riesgo por lluvias extensas desde el 1 de septiembre.

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SIN MOVERSE

Según el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al 8 de setiembre el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) había ejecutado el 50.3% del Programa Presupuestal 0068, destinado a la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

La cifra apenas mejora el 49% que se había reportado hasta el 31 de julio de 2026.

En 39 días, el avance creció solo 1.3 puntos porcentuales. Equivalen a unos S/ 170 mil adicionales devengados sobre un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) cercano a los S/ 11 millones.

El panorama departamental, que suma al GRL los 38 gobiernos locales, no es más alentador. La ejecución conjunta del Programa 0068 bordea el 48.9% de un PIM de S/ 23.5 millones, con alrededor de S/ 11.5 millones devengados.

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DRENAJE EN EL PAPEL

El contraste entre planificación y ejecución tiene un caso emblemático: el proyecto de drenaje pluvial de Chiclayo.

Al 8 de setiembre de 2026 registra un avance de diseño de 99.97%. Pero casi cuatro años después de contratado el estudio, no existe todavía avance físico real de las obras.

La intervención fue dividida en cuatro paquetes: José Leonardo Ortiz, La Victoria, Chiclayo y Pimentel. Cada uno se encuentra en distinta etapa administrativa, y ninguno en ejecución física integral, según constató Correo.

El más avanzado es el Paquete 01 (José Leonardo Ortiz), cuyo diseño definitivo fue aprobado por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) el 14 de agosto de 2026. Contempla 68.81 kilómetros de colectores, cajas y subcolectores, sumideros, reservorios y parques de infiltración, estructuras de descarga, mejoramiento de drenes agrícolas y estaciones de bombeo.

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Su costo a precios de mercado es de unos S/ 674.3 millones, con un plazo de ejecución de 1,096 días, cerca de tres años.

Los paquetes de La Victoria y Chiclayo figuran como “aceptados”, una etapa administrativa superada, no el inicio de obra. El de Pimentel permanece “aceptado con comentarios”, a la espera de la conformidad de un informe de consistencia.

A ello se suma que el proyecto requiere permisos para intervenir las vías nacionales PE-06 y PE-1N. En junio, Provías Nacional formuló observaciones que el consultor a cargo aún trabaja en levantar.

Incluso si la ejecución del primer paquete comenzara en el corto plazo, sus 1,096 días de obra implican que la solución integral no estará lista para la temporada de lluvias que se aproxima.

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EN ROJO

Lucio Asalde Vives, past decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque (CIL) y autor de Proyecto Perú, dijo a Correo que el problema de la región no es solo presupuestal, sino la falta de una política sostenida de reducción de vulnerabilidad.

“Los que se caen siempre son los mismos”, afirmó, en referencia a los puentes y puntos críticos que vuelven a quedar expuestos cada temporada.

El ingeniero recordó que en 2017 varias localidades de las zonas altas de Lambayeque quedaron aisladas casi 60 días por deslizamientos y colapso de puentes por el Niño Costero, lo que dificultó el ingreso de alimentos y medicinas.

Por ello planteó usar los meses previos a las lluvias para descolmatar ríos, reforzar puentes y preparar a las comunidades para eventuales periodos de aislamiento. Propuso almacenes de emergencia con alimentos no perecibles, huertos familiares y escolares, y reservas de semillas.

Asalde también advirtió sobre la Presa Limón, en Olmos. Ante un evento extraordinario, dice, las quebradas de las zonas altas podrían transportar grandes volúmenes de sedimentos y comprometer tanto la infraestructura como el abastecimiento de agua para actividades productivas.

“Lambayeque es una zona muy especial, yo diría que es una zona que ya pasó de naranja a roja”, agregó.

SIN REGULACIÓN

Rodolfo Arbulú Chereque, arquitecto y docente de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ubicó el origen del riesgo en la falta de regulación de los principales ríos de la región.

Advirtió que si no se regulan los cauces de La Leche, Motupe y Olmos, sus aguas terminarían por confluir en la pampa de Mórrope ante un evento extraordinario: “Eso se vuelve un mar (...) Es un mega Niño”, afirmó a Correo.

El especialista cuestionó además que, pese a “décadas de décadas” de expedientes y actualizaciones para el drenaje pluvial de Chiclayo, la ciudad nunca haya visto la obra ejecutada.

Mientras tanto, explicó que se continúan pavimentando vías sin resolver antes por dónde saldrá el agua acumulada.

Consideró que con dos o tres meses restantes antes de las lluvias, ya no hay margen para grandes obras estructurales. La prioridad, dijo, debe centrarse en los puntos críticos de cuencas y quebradas, y en que cada familia cuente con un plan de emergencia frente a lluvias intensas y sismos.

Arbulú planteó que una alternativa más rápida era aprovechar los sistemas de drenaje que ya existen en el valle: las acequias y drenes del sistema agrario de Chiclayo, articulados para conducir el agua hacia el mar. “Lo más claro era utilizar los sistemas naturales de drenaje (Pulén, Cois, etc.)”, sostuvo. Cuestionó que, en cambio, durante años solo se hayan elaborado y actualizado expedientes sin llegar a la ejecución.

FUERA DE SERVICIO

El riesgo no se limita a las obras pendientes. Parte de la infraestructura ya construida tampoco está en condiciones óptimas.

El Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARE) San Lorenzo, en José Leonardo Ortiz, demandó cerca de S/ 3.46 millones. Pero opera hoy a alrededor del 50% de su capacidad, según documentos del Ministerio de Vivienda a los que accedió Correo.

Una inspección de agosto de la Contraloría detectó residuos, sedimentos, agua acumulada y cámaras de inspección agrietadas.

El sistema tampoco ha sido transferido a la municipalidad, debido a un arbitraje entre el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y el consorcio constructor. El municipio, por su parte, afirma no contar con presupuesto para su operación y mantenimiento.

En Íllimo, el SARE construido —por unos S/ 3,11 millones— tuvo que trasladar su tanque de almacenamiento a la Plazuela 22 de Noviembre, un punto ya identificado como crítico frente a inundaciones.

El PNSU contrató en diciembre de 2025 un servicio de mejora para los SARE de Íllimo y Motupe. Sin embargo, la documentación técnica de los proyectos —planos, entregables, informes de aprobación— ha presentado vacíos en distintos momentos.

RÍO LA LECHE

Carlos Balarezo Mesones, presidente de la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres del CIL, coincidió en que el margen es cada vez menor. Pero insistió en que todavía es posible intervenir los puntos más críticos de las cuencas.

Situó como prioritario el tramo del río La Leche entre el Bosque de Pómac y unos seis kilómetros aguas abajo del puente, donde plantea una descolmatación urgente para ampliar la capacidad hidráulica del cauce. Un eventual desborde, sostuvo, podría afectar al distrito de Íllimo y extensas áreas agrícolas.

Sumó a la lista Culpón, Bosque de Pómac, Boca Toma, Agua de la Cruz, Cibilla y Las Juntas, en las zonas de Íllimo y Pacora, además de los ríos Olmos y Zaña. Reclamó una participación más activa de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Balarezo precisó que las intervenciones —roca colocada, geobolsas o gaviones— no pueden improvisarse. Requieren sustento técnico y supervisión de la ANA y del Centro de Operaciones de Emergencia Regional.

Criticó, además, que buena parte de las defensas ribereñas construidas tras el fenómeno de 1997-1998 no hayan recibido mantenimiento. Hoy, dijo, los ríos se encuentran colmatados, salvo algunas intervenciones recientes de ANIN en sectores del río Motupe.