Distintos intereses aún pugnan por tener el control de la empresa Agropucalá, en la región Lambayeque. En un reciente informe, este Diario detalló algunas versiones de trabajadores y jubilados sobre cuán perjudicados se sienten tras un largo periodo de disputas legales.
Hace poco, un nuevo capítulo sobre el destino de la azucarera se ha escrito, pues por versiones de un sector de trabajadores, se conoce que en los próximos días podría convocarse a una nueva junta de acreedores para acordar un plan de reestructuración. Pero mientras esto no se defina, sólo se configura en una intención más sobre el papel.
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En declaraciones para Correo, el abogado Edmundo Gálvez Rodríguez, quien hasta la fecha ejerce como presidente de la actual Junta de Acreedores de Agropucalá, indicó que dichas informaciones son falsas.
“En la empresa hay una administración concursal reconocida desde abril de este año. Las versiones que aparecen de un momento a otro, muestran que detrás hay quienes buscan reinstalar una administración judicial, y considero que el principal promotor de esto es José Patricio Burga Peralta, quien no tiene legitimidad para actuar, por cuanto se ha demostrado que presentó documentos con firmas falsas para lograr reconocimiento del ministerio de Trabajo”, explicó.
Sobre el expediente N°60709-2021, donde hace poco Burga fue reconocido como representante de los acreedores, Gálvez indicó que ello ha sido denunciado penalmente ante la Fiscalía, pues tal resultado se consiguió a través de la falsificación.
“Este señor, con el apoyo de terceros, reúne documentos sobre supuestas asambleas y presenta en el ministerio de Trabajo, pero varias personas ya lo han desmentido, y es de conocimiento de las autoridades, incluido el Indecopi”, afirmó Gálvez.
Sin embargo, admitió que hay un problema en la cartera de Trabajo, porque ahí se dio trámite a las peticiones de Burga y aún no las han observado. Lo único que han hecho es comunicar a la Procuraduría para el inicio de acciones legales.
Añadió que por este accionar sospechoso fue denunciado el exministro de Trabajo, Luis Adrianzén, y exfuncionarios por los presuntos delitos de abuso de autoridad y organización criminal.
Finalmente, Gálvez enfatizó que su presencia en la azucarera es para devolverle la estabilidad. “Tengo un interés colectivo. Hace diez años fracasó la solución en el tema judicial y por eso se ha caminado hacia el procedimiento concursal para traer paz y estabilidad, pero hay quienes no les ha gustado y quieren retornar a la administración para seguir perjudicando”.
Ayer en la tarde, se propalaron nuevas denuncias sobre el presunto desmantelamiento del Servicentro donde se guardaba maquinaria de la empresa; asimismo se comunicó los riesgos de la firma de cartas poder que días atrás se habría solicitado a jubilados y obreros que están por retirarse.
