Municipalidad de Chiclayo contrató personal para hacer visitas y monitorear a adultos mayores y personas vulnerables durante la pandemia pero se detectaron irregularidades en el uso del dinero.
Municipalidad de Chiclayo contrató personal para hacer visitas y monitorear a adultos mayores y personas vulnerables durante la pandemia pero se detectaron irregularidades en el uso del dinero.

El año pasado, miles de soles fueron asignados a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) para que atienda a la población más vulnerable por la pandemia, pero el uso de ese dinero se dio sin buenos resultados y con poca transparencia.

Más 1 millón de soles tenían que ser cautelados por la Gerencia de Desarrollo Social y Promoción de la Familia, pero dos informes que emitió esta oficina advirtieron posibles cobros indebidos y la pérdida de información que era clave para aclarar cómo funcionó la Red de soporte para el adulto mayor con alto riesgo y las personas con discapacidad severa (conocida también como la Red Amachay).

Gasto observado

El primer informe sobre el funcionamiento de la Red Amachay llegó el 09 de noviembre del 2020 al entonces gerente de la municipalidad, Eleazar Torres Ybáñez.

El documento resumía los gastos que se habían hecho para la contratación de coordinadores y actores sociales. Este personal tenía que cumplir actividades específicas para la Red Amachay, un sistema que creó el gobierno del expresidente Martín Vizcarra para atender a los adultos mayores de 60 años con al menos una comorbilidad y personas con discapacidad severa.

Por decisión del gobierno central, solo cinco municipalidades de la región -entre ellas, la comuna de Chiclayo- debían designar a sus representantes para facilitar la implementación de la Red Amachay.

Con la Resolución de Alcaldía N° 246-2020, emitida en abril del 2020, el burgomaestre Marcos Gasco Arrobas asignó a Walter Hebert Prieto Maitre (gerente de Desarrollo Social y Promoción de la Familia) como titular y a Ángela María Zavaleta Gonzáles (subgerente de Promoción de la Familia) como alterna. El primero de ellos permaneció en el cargo solo hasta el 31 de agosto de ese año, siendo reemplazado muy pronto por el abogado Derliz Factor Guzmán Tejada.

Precisamente este último funcionario decidió enviar el informe N° 161-2020 para advertir las irregularidades que se habían encontrado al interior de la Red Amachay.

Sobre los hechos que explica en este documento, Derliz Guzmán involucró directamente a Ángela Zavaleta, la actual candidata al Congreso por el partido Podemos Perú, de José Luna Gálvez, y que postula a la presidencia a Daniel Urresti.

Según los requisitos establecidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), los actores sociales que eran contratados por la municipalidad tenían la función de hacer el seguimiento de las personas que integran la Red Amachay mediante llamadas telefónicas y visitas domiciliarias.

Este trabajo debía ser supervisado por un grupo de coordinadores que eran responsables de la “organización operativa” de esta red así como de informar todas las actividades que hicieran los actores sociales.

De una primera transferencia de S/588,954, la MPCh decidió usar parte del dinero para contratar a 10 coordinadores y 309 actores sociales para la Red Amachay.

Este personal debía cumplir con sus obligaciones de junio a agosto del 2020. Sin embargo, el informe N° 161 señala que tres de los coordinadores (Arturo Fabian Peralta Rentería, Carlos Alberto Chupen Paredes y María Roxana Urcia Lira) dieron información inexacta sobre el seguimiento de llamadas telefónicas a un grupo de adultos mayores.

“En el acervo documentario de la subgerencia (de Promoción de la Familia) no obra documento y/o información de las planillas” de estos 3 coordinadores, según señala el informe.

A eso se añade que “las actas de recepción de las entregas, tanto a actores sociales, beneficiarios y coordinadores de los enseres y bienes entregados no consta como registro u acta dentro del acervo documentario”.

En la segunda transferencia de S/467,402 para la Red Amachay, también se encontraron omisiones. La municipalidad contrató 6 coordinadores y 191 actores sociales para trabajar desde el 21 de septiembre hasta diciembre del 2020.

La gerencia de Desarrollo Social decidió filtrar la información con los coordinadores, pero ellos señalaron que “en algunos casos no conocían a los actores sociales que se les habían asignado”.

En base al reporte de llamadas de los coordinadores, dicha gerencia determinó que 32 actores sociales no realizaron ningún tipo de seguimiento a los beneficiarios de la Red Amachay y, a pesar de ello, cobraron S/550 cada uno para sus estipendios, es decir, los gastos de movilidad.

Lo más grave del informe es que señala que la computadora que fue asignada a Ángela Zavaleta “era extraída” de su oficina “todos los fines de semana (…) evitando que se tenga acceso a la información que hoy es de suma importancia” para la municipalidad.

Ángela Zavaleta negó esta versión y aseguró que, desde junio pasado hasta el 12 de octubre del 2020 -cuando concluyó su designación en el cargo- nunca encontró irregularidades en el trabajo de los coordinadores o actores sociales.

“Hay un desconocimiento total del exgerente (Derliz Guzmán). El registro de toda la Red Amachay no lo lleva la municipalidad sino el Midis. Todo ese seguimiento telefónico y monitoreo es de parte de los promotores de país que pertenecen al Midis. Ellos lo trabajan directamente con los coordinadores”, expresó.

A pesar de lo dicho por Zavaleta Gonzáles, lo cierto es que las municipalidades sí eran responsables de articular con sus propios actores sociales la entrega de los servicios de la Red Amachay, que incluían la comunicación telefónica y las visitas domiciliarias.

Además, las municipalidades tenían que sectorizar a la población beneficiaria según su lugar de residencia. Tal como sostiene la Resolución Viceministerial N° 001-2020 del Midis, “la gerencia de Desarrollo Social y/o quien haya asignado como responsable reporta el avance diario de la intervención, dificultades y alertas identificadas por los actores sociales a los coordinadores”. En la práctica, nada de esto parece haberse cumplido.

Aunque los actores sociales tenían que registrar las llamadas telefónicas y visitas domiciliarias en el portal de seguimiento del Midis, la municipalidad también debía contar con fichas para demostrar este trabajo.

Cuando se le consultó sobre esto, Zavaleta Gonzáles dijo que nunca encontró fallas en esos documentos. “El coordinador presentaba un documento para que sea pagado e iba por varios lugares y llegaba a Logística. Es ahí donde se le pagaba. Esas fichas tienen que estar ahí en la subgerencia de Promoción de la Familia”, señaló.

La candidata de Podemos Perú asegura que ya ha presentado sus descargos a la municipalidad y está a la espera del resultado de las investigaciones. Asimismo, considera que Derliz Guzmán también debería ser investigado. “No hizo absolutamente nada, no pasaron los pagos para coordinadores, se ha devuelto dinero. (…) Fue un completo incapaz”, dijo Zavaleta sobre el exgerente.

Alquiler generoso

Sobre la gerencia de Desarrollo Social, también hay gastos que se hicieron para el Programa de Complementación Alimentaria (PCA) que llaman la atención.

Durante la gestión de Derliz Guzmán (exgerente de Desarrollo Social) y de Jesús del Carmen Ramos Távara como subgerente de Asistencia Social y Alimentaria (quien sigue en el cargo desde julio del 2020), la municipalidad pagó por el alquiler de vehículos para trasladar alimentos a los beneficiarios del PCA.

Correo verificó dos órdenes de servicio emitidas el 14 de octubre y el 13 de noviembre del año pasado por S/32,000 y S/10,800, respectivamente, a favor de la empresa JC & JC SAC.

Según la primera orden de servicio, la MPCh alquiló dos vehículos de 10 toneladas cada uno para trasladar por apenas 3 días los alimentos a los centros de atención del Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis y Familia (PANTBC).

Imágenes entregadas a este medio muestran que la carga y descarga de los alimentos suele hacerse con vehículos que pertenecen a la subgerencia de Fiscalización del municipio.

Si bien la empresa JC & JC tiene autorización vigente para contratar con el Estado para distintos rubros (bienes, servicios, ejecutor y consultor de obra), solo ganó dos contratos en 2017 con el Programa Subsectorial de Irrigaciones y recién tres años después, logró facturar S/44,560 con la municipalidad de Chiclayo y la municipalidad de Salas.

Representada legalmente por Juan Carlos Requejo Zapo, esta empresa figura en Sunat con domicilio fiscal en la calle Cápac Yupanqui del distrito de La Victoria, pero en esa dirección solo se encuentra una vivienda de tres pisos