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El proyecto de ley anunciado por el ministro de Justicia, Félix Chero, para sancionar a los jueces y fiscales que filtren información a los medios de comunicación ha generado el rechazo de distintos gremios.
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En Lambayeque, el decano del Colegio de Abogados, Carlos Martínez Oblitas, aseguró que la iniciativa del Ejecutivo es contradictoria en cualquier sistema democrático.
Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) señaló que es un “potencial riesgo” para la actividad periodística, pues pretende criminalizar a las fuentes de información.
Según el titular de la cartera de Justicia, el proyecto considera imponer entre dos a tres años de pena suspendida a los jueces o fiscales que faciliten información reservada sobre investigaciones o procesos a terceros.
DETALLES
En una entrevista que brindó este domingo a Canal N, el ministro aseguró que el sistema de justicia “tiene que procurar que sus funcionarios reserven la información para que no se desnaturalice”.
“Si la investigación es reservada y se filtra, esto altera todo el proceso de investigación y se afectan derechos fundamentales porque se rotula a una persona como si fuera un delincuente”, manifestó.
Otro argumento que usó el titular de Justicia es que este proyecto no penalizará a las fuentes de información de los periodistas o medios de comunicación.
“Es imposible, en un estado de derecho donde se respeta la libertad de expresión y la libertad de prensa, que a un periodista se le obligue a revelar sus fuentes. Esto es inviable”, expresó.
La ANP cuestionó la propuesta de gobierno y reiteró que el periodismo independiente ha demostrado su rol esencial en la lucha contra la corrupción.
Además, recordó que la comisión de Justicia del Congreso aprobó un proyecto muy similar, en febrero pasado, para penalizar a periodistas y medios que difunden información de procesos de colaboración eficaz.
Dicho proyecto también incluyó sancionar hasta con siete años de cárcel a los funcionarios públicos, fiscales, jueces y procuradores que filtren información a la prensa.
“Preocupa la sincronía entre Ejecutivo y Legislativo en menoscabo del periodismo”, manifestó la asociación.
El reconocido periodista lambayecano Larcery Diaz Suárez, remarcó que las investigaciones publicadas en medios se basan en hechos contrastados.
Las filtraciones a las que acceden los periodistas también pueden aportar nuevas aristas a la investigación de la Fiscalía e incluso advertir vicios en sus indagaciones, agregó.
“(Si se aprueba el proyecto del Ejecutivo), se limitaría la labor de los periodistas, impidiendo el acceso a las investigaciones fiscales. Esto es un peligro para la libertad de expresión”, opinó.
Larcery mencionó que algunas figuras políticas como César Acuña están interesadas en que la ciudadanía no conozca los procesos que enfrentan, y por ellos buscan impedir la divulgación de las investigaciones.
En contra del proyecto
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados sostuvo que aún cuando las investigación son reservadas, los medios de comunicación tienen derecho a indagar y publicar información que es relevante para la ciudadanía.
Por ello, remarcó que los periodistas son responsables de seleccionar qué aspectos deben ser divulgados, evitando afectar el derecho a la intimidad de los involucrados en una investigación.
“El hecho de buscar una sanción cuando ya se ha publicado información en los medios podría significar una arbitrariedad del poder”, puntualizó.
Por otro lado, recomendó que los medios de comunicación así como el sistema de justicia protejan la presunción de inocencia.
“Aún cuando alguien se autoinculpe de un delito, eso tiene que corroborarse. Puede ocurrir que esa persona esté recibiendo dinero para ocultar al verdadero autor del delito. Se debe investigar con responsabilidad”, acotó.
