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El abogado Roberto Caján Alegría y el empresario Alejandro Criollo Quispe fueron acusados por presuntamente cometer delitos de corrupción.
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La fiscal Karim Ninaquispe Gil presentó un requerimiento contra ambos, debido a que estarían implicados en los delitos de tráfico de influencias y cohecho.
Como pena privativa de la libertad, el despacho fiscal propone 12 años de cárcel para cada uno de los acusados.
Tener influencia
De acuerdo a la investigación, entre los años 2015 y 2021, Caján prestó servicios de asesoría legal a Criollo en procesos arbitrales, conciliaciones e investigaciones penales.
Es preciso señalar que dicho contratista está vinculado a la empresa AC & C Constructora EIRL.
En el año 2016, Franco Robles Gamero, quien era socio de Criollo, se vio envuelto en una seria denuncia interpuesta por el Gobierno Regional de Lambayeque por falsificar documentos.
Este suceso fue aprovechado por Caján, pues aseguró que podía interceder ante la fiscal de Chiclayo que tenía el caso, para que ella archive la investigación.
Criollo aceptó el favor y es así que su abogado le solicitó el depósito de una suma de S/ 20 mil, para supuestamente convencer a la magistrada.
Pese a la gravedad de la situación, mediante las pesquisas, la fiscal Ninaquispe estableció que Caján simuló tener influencia en el despacho fiscal de aquel momento.
El segundo hecho por el cual son procesados se registró en el 2018, cuando Caján dijo al empresario que podía contactar a uno de los árbitros de la Cámara de Comercio de Cajamarca, identificado como Silva Laos.
De esa manera, se buscaba un resultado favorable para el proceso arbitral N°001-2018 iniciado por el Consorcio Unión, representado por Osmán Yangua Criollo, sobrino del acusado.
Para este cometido, el empresario desembolsó montos de S/ 6 mil y S/ 3 mil; sin embargo, esta vez el tráfico de influencias fue real y el consorcio habría obtenido una medida cautelar ajustada a sus intereses.
Pero la ejecución de la medida cautelar derivó en otro acto de corrupción.
Según la Fiscalía, Caján y Criollo se pusieron de acuerdo para convencer a un juez para que este emita una resolución que permita el cumplimiento del arbitraje, que el Consorcio Unión había logrado de forma deshonesta.
El pedido de acusación no especifica las cantidades de dinero que se habrían otorgado, pero como pruebas están los mensajes de Whatsapp que intercambiaron el abogado y su cliente.
Entre octubre y diciembre del 2020, los dos imputados lograron sumar a su accionar delictivo al entonces procurador del Gobierno Regional de Cajamarca, Segundo Miguel Gutiérrez Uribe.
Este exfuncionario recibió a su cuenta bancaria diferentes transferencias que hicieron un total de S/ 8 800, y a cambio debía emitir informes legales favorables a los procesos de conciliación seguidos por los consorcios Ejecutor Chota, Chiribamba y Progreso (todos ellos vinculados con Alejandro Criollo). Estas contratistas solicitaban la ampliación excepcional de días calendarios, así como el reconocimiento de costos y pagos generales. En razón a que incumplió sus funciones, la Fiscalía también acusó a Segundo Gutiérrez como autor del delito de cohecho pasivo. La pena propuesta es de 6 años de cárcel.
El requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción fue presentado al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, que es presidido por el juez Reynaldo Leonardo Carrillo. En las próximas semanas, este magistrado deberá fijar una fecha para evaluar cada una de las imputaciones.
