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La Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) no logró alcanzar al Ministerio Público el padrón de los pobladores de Reque que fueron beneficiados con alimentos del programa Qali Warma.
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Así lo pudo verificar Correo tras hacer la consulta a fuentes de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque.
Ayer por la mañana, un equipo de fiscales intervino en un almacén y en oficinas de la comuna para obtener la referida documentación.
La diligencia se desarrolló tras los informes periodísticos que mostraron al regidor de la MPCh, Junior Vásquez Torres repartiendo los productos en el sector Nueva Esperanza.
A pesar que dicho funcionario aseguró haber actuado de buena fe, esta explicación no convencería al Ministerio Público, pues casualmente la Municipalidad Provincial de Chiclayo llevó ayuda a una zona donde Vásquez ha sido alcalde (2015-2018).
Indagación
El fiscal adjunto, Iván Constantino Espino, al retirarse del almacén municipal, ubicado en el distrito de La Victoria, informó a los periodistas que, a raíz de las noticias, está en marcha una indagación preliminar, y que primero se reunirá documentación para determinar quiénes serán citados.
Sin embargo, no descartó llamar al regidor Vásquez para que haga sus descargos.
Hasta el momento lo que despierta suspicacias sobre el uso realizado a los productos de Qali Warma es una aparente falta de control por parte del área de Programas Sociales de Chiclayo.
En razón a la diligencia fiscal, la gerente de Desarrollo Social, Erika Araujo Gonzales llegó hasta el local de La Victoria y solo mostró el acta de entrega de 200 canastas, que se distribuyeron a la iglesia San Martín de Thours y comedores populares.
Pero la ausencia de un padrón solo demostraría que no se cumplieron los criterios establecidos para llegar a familias en situación vulnerable, lo que podría configurar los delitos de peculado por apropiación y omisión de funciones. A esto se añade el rol que jugó Junior Vásquez al arrogarse una función que solo le correspondía a los trabajadores de Programas Sociales.
El padrón es necesario porque ahí van las firmas de los vecinos, o cómo el municipio se aseguraba de que los productos llegaron a familias verdaderamente pobres.
Durante la intervención, un fiscal tuvo que pedirle a Erika Araujo que guarde la compostura, debido al tono prepotente que empleaba al no saber responder cuando era consultada sobre el padrón.
