La Contraloría General detectó un perjuicio de S/ 360 621 en el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), entidad dependiente del Gobierno Regional de Lambayeque, debido a la inaplicación de una penalidad por retraso injustificado de 24 días en la culminación de la obra de reparación del tránsito en el camino de vigilancia del canal Taymi, ubicado en el distrito de Pátapo, provincia de Chiclayo.
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El contrato de ejecución N° 000007 fue suscrito el 6 de julio de 2020 por S/ 3 606 215, con un plazo de 120 días calendario y con el fin de rehabilitar un tramo de 27 kilómetros del camino que sufrió roturas y quedó afectado por las intensas lluvias del año 2017 y las crecidas en las quebradas Vichayal, Río Loco y Sencie.
Según el Informe de Control Específico N° 012-2023-2-0610-SCE, el plazo para la ejecución de la obra debió regir del 18 de julio al 14 de noviembre de 2020. Sin embargo, el contratista comenzó los trabajos el 11 de agosto y los concluyó el 8 de diciembre de ese año, ocasionando un retraso injustificado de 24 días en la finalización del proyecto. Como consecuencia, correspondería aplicarle la penalidad por mora estipulada en el contrato, o descontarla de la garantía de fiel cumplimiento, tal como se establece en la cláusula decimoquinta del mismo.
Contrariamente, a través de la Resolución Gerencial No 000157 del 4 de junio de 2021, el gerente general del PEOT aprobó la liquidación del contrato de ejecución con un saldo a favor del contratista por un monto de S/ 60 286.
Es importante destacar que los trabajos realizados abarcan la mejora del camino, con una calzada de 7.20 metros de ancho, la construcción y rehabilitación de siete terraplenes, así como la implementación de obras de arte y drenaje, como cunetas de tierra y un aliviadero-alcantarilla. Además, se realizaron labores de señalización, seguridad vial y protección ambiental; acciones financiadas con recursos recaudados por el PEOT, lo que permitirá que este organismo desempeñe actividades de operación, mantenimiento y control del agua en el canal.
La Contraloría General identificó presunta responsabilidad civil y/o administrativa en cuatro funcionarios, exfuncionarios y un servidor del PEOT, procediendo a comunicar el informe a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Lambayeque para las acciones civiles correspondientes. Asimismo, a los titulares del Gobierno Regional de Lambayeque y del PEOT para el deslinde de las responsabilidades administrativas.
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