Los transportistas formales alistan una demanda ante el Poder Judicial contra la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, y el gerente de Desarrollo Vial y Transportes de la comuna provincial, Ulises Montenegro Fernández.
Se trata de una demanda de acción de cumplimiento contra la autoridad edil y su funcionario de confianza, por la “renuente inacción administrativa” en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) que perjudica a las empresas formales de taxis, colectivos y camionetas rurales (combis).
Esto debido a que la actual gestión municipal no cumpliría con resolver los expedientes administrativos de los transportistas, y lo que es peor no haría respetar las ordenanzas del sector.
El presidente de la Coordinadora Regional de Transporte de Lambayeque, Wilson Míñope Carbajal, señaló que los actos administrativos que demoran en ser resueltos son procesos de recategorización de licencias de conducir, permiso y renovación de operatividad, entre otros.
“La demanda es porque los procesos administrativos los siguen declarando improcedentes beneficiando a la informalidad. También, por la situación actual de la ciudad que no presta las garantías para poder operar con normalidad, y por los paraderos informales que irrumpen los anillos viales vigentes en la ciudad. Esto genera un grave problema y desorden”, señaló.
Precisó que a pesar de existir la ordenanza 014 – 2020 que otorga plazo a los taxistas para renovar sus unidades de acuerdo al peso y cilindrada que establece el Ministerio de Transportes, les declaran improcedentes sus expedientes.
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Del mismo modo, sostuvo que la MPCh está aplicando un decreto supremo nacional para rechazar las solicitudes de autos colectivos y camionetas rurales, en lugar de regular el servicio mediante un reglamento provincial.
“Tenemos más de 60 paraderos informales en el centro de la ciudad debido a que no dan cumplimiento a las ordenanzas viales vigentes de los anillos viales para el servicio público de pasajeros”, dijo.
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