Pasado oscuro. El controvertido Willy Serrato Puse no solo enfrenta denuncias por actos de corrupción que habría cometido durante su gestión como alcalde del distrito de Olmos, sino también por su desempeño al frente del Instituto Peruano del Deporte - Lambayeque (IPD-L).
Resulta que, en el año 2007, el IPD - L recibió una transferencia de S/ 1,500 para realizar una actividad deportiva de natación para personas con discapacidad físicas, sordas, retardo mental y síndrome de down”; sin embargo, esta nunca se concretó.
A pesar de ello, Serrato Puse y el administrador del IPD-L, Jhoel Villalobos Gonzales habrían elaborado documentos falsos, con el fin de justificar el desembolso del dinero.
Se trata de requerimientos de servicios (alquiler de movilidad) y bienes (compra de polos con cuello) los cuales “utilizaron como si fueran originales” con la intención de apropiarse del monto.
FALSO. No obstante, el jefe del Área de Recreación del IPD-L, Martín Guerrero Paredes declaró que la actividad no se realizó porque los fondos que depositó Lima se hicieron fuera de plazo. Por lo tanto, rechazó que sea su firma la que aparece en los requerimientos y documentos de conformidad.
Esto fue corroborado a través del Dictamen Pericial Forense N° 386 – 388/2018, el cual concluye que las firmas atribuidas a Guerrero Paredes son “falsificadas”.
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Acusados se echan la culpa
En su defensa, Serrato señaló que el encargado de toda la parte financiera, contable y administrativa del IPD-L era Joel Villalobos. “Como en los informes se indicaba que la actividad se realizó y como los proveedores exigían sus pagos, firmé los cheques”, respondió.
Por su parte, Villalobos aseguró que recién tomó conocimiento que no se había realizado la actividad, cuando Serrato lo llamó para devolver el dinero, y que fue él quien dio la suma de S/ 1,500 para reponerlo.
Por estos hechos, la Fiscalía solicitó 6 años de cárcel para Serrato Puse por los delitos de peculado doloso por apropiación y uso de documento público falso. Mientras que para Villalobos Gonzales requirió 4 años de prisión.
La acusación elaborada por la fiscal Karim Ninaquispe ha sido admitida y el Juzgado Anticorrupción ha programado para el 05 de diciembre del presente año el juicio oral.
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