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La crisis en la Universidad Particular de Chiclayo (UDCh) se agudiza. Un reciente pedido ante la Primera Fiscalía Penal de Chiclayo plantea que se ordene la detención preliminar de los miembros de la asamblea universitaria.
Mal manejo
El ingeniero egresado de dicha casa de estudios, Edgardo Carlos Cotrina Mejía pidió medidas punitivas contra Danilo Escobar Guitérrez, Walter Díaz Salazar, Percy Morante Gamarra, Lito Becerra Angulo y Tadeo Marcial Guarderas.
En la extensa documentación que presentó al despacho fiscal, el denunciante sostiene que los directivos persisten en dirigir la universidad, a pesar que fueron cesados en el año 2017.
Cotrina agregó que los involucrados persistirían en una conducta delictiva, ya que registran otras investigaciones penales por supuestos malos manejos en la casa de estudios y cuyos hechos están consignados en los expedientes N° 1559- 2015 y N° 273-2017.
De otro lado, explicó que Danilo Escobar (rector) y Walter Díaz (vicerrector académico y de investigación), han incurrido en negligencia al no haber cancelado una fuerte deuda bancaria.
Por ello está en curso una demanda en el Juzgado Comercial de Chiclayo en el expediente N° 369- 2021, donde el Banco BBVA exige el pago de S/ 7 millones 500 mil correspondientes al leasing que se le otorgó para la construcción de un edificio de siete pisos al interior de la Universidad. El proyecto contemplaba nuevos ambientes para el área administrativa
La demanda ya ha sido declarada fundada por el juzgado, otorgándose una medida cautelar de embargo de todas las propiedades de la UDCh para su respectivo remate. “Los imputados en lugar de solucionar el problema, se enfrentaron a la entidad financiera no pagando la deuda ni los intereses. Todo lo contrario, aprovecharon la muerte del exrector Alberto Ortiz en el 2020 para pagar sus remuneraciones y asesorías, que son ilegales”, sostuvo Cotrina en su petición.
Una muestra de estos problemas en la administración es lo sucedido con el docente Nelson Espinoza Guerrero, pues él estuvo litigando contra la casa de estudios por irregularidades en los comités electorales, pero tiempo después se convirtió en asesor legal y Decano de la Facultad de Derecho.
Asimismo, habría contratado a su abogado como asesor legal externo de la UDCh con un sueldo de S/18 mil.
Pero no es la única anomalía, ya que desde el año pasado se habrían contratado estudios de abogados, que anteriormente patrocinaron a personas que denunciaron a la universidad.
“El hoy rector Danilo Escobar habría recibido asesoría del letrado Roque Calonge en los procesos laborales que este asesoró en contra de la Universidad para allanarse en los procesos, reponiendo así a trabajadores despedidos, que hoy apoyan su gestión y habrían interpuesto medidas cautelares para apropiarse de la Universidad”, aseguró Cotrina en su escrito.
Cabe anotar que en la solicitud se exige indagar la situación del catedrático Percy Morante, debido a que recibe doble remuneración, cuando esto no sería compatible, pues es docente principal en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), y sigue laborando en la UDCh.
Cese
En el año 2019, la Sunedu comunicó el cese de las actividades académicas de esta casa particular de estudios, tras negársele el licenciamiento institucional, debido a que no se cumplieron las Condiciones Básicas de Calidad (CBC).
La institución, de tipo asociativa, fue fundada en 1985 y llegó a reunir a 6 234 estudiantes distribuidos en su sede principal y en la filial de Jaén.
La universidad presentó su solicitud de licenciamiento institucional en 2016.
