Los productores de arroz de Lambayeque evalúan sumarse a nuevas acciones de protesta en contra del Gobierno central, si no se implementan medidas para proteger a este sector.
A nivel local, son alrededor de 11 mil agricultores que vienen soportando presiones, debido a la crisis de precios de venta de sus cosechas, el incremento de los costos de producción y la competencia desleal de las importaciones. Un escenario que podría complicarse con el desarrollo del Fenómeno El Niño.
En este momento, la Asociación Peruana de Productores de Arroz (APEAR) espera un pronunciamiento del presidente, José Balcázar Zelada, para que se declare en emergencia el sector arrocero. El plazo final será el próximo lunes 30 de marzo, ya que, el pasado 16 de marzo, dicho gremio dio quince días al Ejecutivo para ver resultados. De lo contrario, arrancarán las convocatorias a protestas y paros.
El precio del arroz en cosecha oscila entre S/0.40, S/0.50 y S/0.60 por kilo, lo que resulta muy desfavorable, porque los insumos en el caso de fertilizantes y petróleo registran incrementos como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, y su estabilización podría tardar meses. Según la Convención Nacional del Agro Peruano, los fertilizantes representan el 20% en la estructura de costos de muchos cultivos en el país.
Un tercer factor es la importación de arroz asiático, procedente desde la India, Tailandia, Pakistán e Indonesia, y que viene ingresando masivamente desde el 2025 por la frontera con Bolivia. Incluso, los productores denunciaron que este cereal ha sido mezclado con lotes de marcas nacionales.
“Hay mucho malestar entre los agricultores, porque la importación ha traído abajo los precios. Lamentablemente, ahora están subiendo los costos de los fletes y de fertilizantes. Lo que obtenemos ya no puede verse como una ganancia por la inversión realizada en campo”, explicó Ángel Suclupe, productor del valle Chancay-Lambayeque.
Además de una declaratoria de emergencia, los productores piden el ajuste de la franja de precios arroz, estableciendo un piso de 210 dólares, para frenar el ingreso descontrolado de arroz de origen asiático; la implementación de compras estatales de arroz pilado para programas sociales, iniciando esto con 30 mil toneladas y priorizando la compra directa al agricultor.
Asimismo, que mediante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se gestione la apertura de mercados internacionales para la venta hacia Colombia y Ecuador. Este último país cerró el comercio con Perú en razón al contrabando. En el pliego de propuestas también está la supervisión y control a los importadores de fertilizantes para frenar la especulación y los precios abusivos, y mayor fiscalización e inmovilización del arroz importado que se comercializa desde el mercado mayorista Santa Anita, a fin de garantizar una competencia justa.
También exigen que el Senasa se involucre más en los controles del arroz que llega desde el extranjero, para prevenir plagas.
De acuerdo a la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), el cultivo de arroz representa cerca del 24% de la producción agrícola en Lambayeque, y posiciona a esta región como un importante proveedor para el abastecimiento nacional. Sin embargo, el Estado no dispone de inversión para fortalecer la infraestructura de riego.
