Proyectos de Fondo de Vivienda Policial en Piura y Lambayeque por más de S/130 millones están abandonados

A la fecha más de 500 policías han muerto en el Perú por el COVID-19. (Foto: GEC)

Actualizado el 30/09/2021, 05:01 p.m.

El sueño de la casa propia para cientos de integrantes de la Policía Nacional del Perú viene quedando trunco en diversas partes del país, debido a que el Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) no está cumpliendo con su principal objetivo de lograr que suboficiales, oficiales o sus familiares directos tengan un inmueble propio, digno y seguro donde vivir.

MIRA ESTO | Una madre, sus tres hijos y su nuera vencieron la COVID-19 en Chimbote

MILLONARIA PROMESA

Con una pomposa ceremonia realizada en diciembre del 2019, que contó con la participación del exministro del Interior, Carlos Morán, representantes de Cofide, el Banco de Desarrollo del Perú, suscribieron siete fideicomisos con Fovipol, representada en aquel entonces por Herbert Ramos Ruiz en su condición de gerente general.

El objetivo de estos acuerdos era que más de mil ochocientas familias de la Policía Nacional del Perú sean beneficiadas con siete proyectos inmobiliarios, a través de viviendas unifamiliares y multifamiliares, que se pensaban construir en las regiones de Piura, Lambayeque, Iquitos, Ica y Lima. Todo con una inversión de más de S/ 300 millones.

La noticia fue tomada con entusiasmo por cientos de integrantes de esta institución tutelar que vieron en esta promesa la oportunidad de contar con su “casa propia”; sin embargo, hoy en día y tras casi dos años de este ofrecimiento la mayoría de estos proyectos inmobiliarios están abandonados o inconclusos y hasta con observaciones que ponen en tela de juicio la calidad de las construcciones.

Pero no solo eso, como parte de esta indagación periodística encontramos además que, en el caso de las regiones de Lambayeque y Piura, los contratistas a cargo de ejecutar estos proyectos guardan cierto vínculo de familiaridad. Incluso, uno de ellos es pariente directo de dos integrantes de la Policía, uno de los cuales labora actualmente en Inspectoría General. (Ver infografía).

CONSORCIO SANTA ROSA

En el caso de la región Lambayeque es el Consorcio Santa Rosa de Chiclayo quien ganó la licitación para ejecutar el proyecto “Construcción de viviendas unifamiliares y edificios multifamiliares en las urbanizaciones Carlos Stein Chávez y La Purísima”, representada por Mario Ato Tejero, quien aparece como “gerente general”, según el acta de “Consentimiento de la Buena Pro” que se firmó con los representantes de Fovipol.

Aquí el monto de inversión supera los S/ 38 millones por la construcción de 98 viviendas unifamiliares y 100 departamentos para viviendas multifamiliares en la Urb. La Purísima; mientras que en la Urb. Carlos Stein se debía edificar 46 viviendas unifamiliares. En total son 244 unidades inmobiliarias en ambos proyectos para ser entregadas en 18 meses.

Diario Correo llegó hasta ambos proyectos y encontró que en “La Purísima” solo se ha construido cerca de 40 módulos unifamiliares, los cuales han sido desmantelados por delincuentes que además utilizan estos espacios como guaridas para delinquir, según versión de los propios vecinos. En el caso del proyecto en la Urb. Carlos Stein no existe ni siquiera una vivienda levantada.

Pero hay más. Correo tuvo acceso al resultado de la prueba de diamantina que realizó la Constructora y Consultoría A&R SAC, por encargo de Fovipol, para saber la calidad de la obra, para lo cual se tomaron muestras de las columnas de 40 viviendas construidas en “La Purísima”. Este arrojó que “el concreto no es aceptable, debido a que ningún núcleo cumple con la resistencia especificada en el expediente técnico”.

Consorcio Santa Rosa tiene como fecha de inicio de actividades el 22 de noviembre del 2019, es decir un mes antes de la firma de los convenios entre Cofide y Fovipol, y está conformada Constructora Rima, que opera desde julio del 2007, y Constructora Franil que aparece registrada en Sunat desde octubre del 2018.

CASO PIURA

Indagando por otros proyectos de Fovipol llegamos hasta Piura donde se contrató al Grupo Inmobiliario Kinsa, cuyos representantes guardan cierto vínculo de familiaridad con los integrantes del Consorcio Santa Rosa de Chiclayo.

En esta región se pusieron en marcha los proyectos “Oasis de Colán” y “Las Palmeras de San Pablo”, donde se debían edificar 224 y 456 viviendas unifamiliares, respectivamente. En total son 680 módulos para la familia policial con una versión que superaría los S/100 millones.

Las observaciones hechas en los proyectos de Chiclayo también se realizaron en los trabajos que se ejecutaron en la región Piura, respecto a la “resistencia del concreto” y otras presuntas falencias en ambas obras, toda vez que también se tomaron pruebas de diamantina y los resultaron arrojaron que no se cumplía lo establecido y ofrecido en los expedientes técnicos.

DESCARGOS

Correo buscó la versión de los representantes de Fovipol; sin embargo, pese a existir el ofrecimiento de conceder una entrevista con el actual gerente general, coronel PNP José Luis Alarcón Camacho, esta no se concretó.

“Nosotros recién estamos en la gestión desde el mes de marzo (2021), así que estamos haciendo las acciones posibles y necesarias para responder por lo que seguramente se haya dado, pero mi coronel (Luis Camacho) le dará más información”, nos dijo una vocera de Fovipol.

No obstante, tras asumir el cargo en marzo de este año, el coronel PNP Luis Camacho fue llamado al Congreso para responder por presuntas irregularidades en el Fovipol ante el Grupo de Trabajo Policial y Militar”. En aquella cita virtual, el jefe policial indicó que los proyectos inmobiliarios estaban en marcha y próximos a ser entregados a los adjudicatarios; sin embargo, fuentes de Correo informaron que por aquel entonces las obras estaban paralizadas en las regiones de Lambayeque y Piura.

Correo también se contactó que Mario Ato, quien aparece como gerente general del Consorcio Santa Rosa, sin embargo, negó ser el representante de dicho grupo empresarial aduciendo que “no tenía más que decir”.

Ricardo Maurtua, representante de Constructora Rima, en cambio, reconoció que su empresa sí integró dicho consorcio, pero precisó que su participación fue mínima y solo realizó “un trabajo de consultoría consistente en el análisis previo de reconocimiento del terreno”.

Landa Pereyra, de la Constructora Franil, solo precisó que es el actual representante legal del Consorcio Santa Rosa de Chiclayo y evitó responder más preguntas por la vía telefónica.

En el caso de Grupo Inmobiliario Kinsa, la gerente general Valeria Landa Vásquez reconoció que hubo observaciones hechas en los proyectos que ejecuta en la región Piura; sin embargo, indicó que estas se debieron a un “mal asesoramiento de Fovipol” resaltando que los materiales que utiliza en las obras son de buena calidad.”

“Yo sigo con mi contrato y estoy en el mejor de los tratos con ellos (Fovipol). Los materiales que he brindado son con los mejores proveedores. Lo que Fovipol ha recibido es un mal asesoramiento con el cual realizaron unas pruebas que no está certificada y no brindaron calidad, pero hemos hecho nuestras pruebas de contraste y hemos brindado la información a Fovipol y por eso sigo teniendo un contrato”, indicó.

Agregó que el Colegio de Ingenieros de Lima viene realizando una auditoria al proyecto que ejecuta su empresa y señaló que la empresa chiclayana que contrató Fovipol para realizar las pruebas de diamantina no está certificada por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal).

Desde Cofide indicaron que no podrían dar información por ser de carácter reservada. En efecto, según conoció Correo, en los contratos se ha establecido ciertas cláusulas de confidencialidad, con lo cual las partes están impedidas de dar información sobre estos millonarios proyectos.

En la oficina de Fovipol Chiclayo evitaron dar declaraciones sobre este proyecto al igual que en la oficina de Fovipol de Piura; no obstante, fuentes de Correo informaron que los policías que fueron adjudicatarios de los predios en dichos proyectos constantemente preguntan “cuándo se les entregará sus viviendas” al haberse vencido los plazos de entrega.