Dos testigos con identidad protegida delataron al suboficial Eli Olano Ruiz, sindicándolo como uno de los colaboradores de la presunta organización criminal “Los Fuertes de Palomino”, en la región Lambayeque.
Tal es el caso del agente encubierto “Tigre”, quien declaró que el cuestionado suboficial habría filtrado información reservada a Juan Ticlia Edquen, alias “Neko”, supuesto cabecilla de la mafia.
Grave revelación
Del mismo modo, el testigo con seudónimo “Centinela” indicó que el efectivo policial Olano, quien labora en la comisaría de Pucalá, se comunicaba telefónicamente con “Neko” para informarle sobre los avances de la investigación en su contra.
Incluso, le advirtió sobre las medidas coercitivas (pedidos de detención) que venía alistando el equipo policial de la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC) contra él y sus familiares.
“Le aseguró que él (refiriéndose a Neko), su hermano, su tío, y el sujeto conocido como Rubi, estarían incluidos en dicha investigación y que los primeros días del mes de setiembre (de 2025), los iban a detener en sus domicilios”, consta en la carpeta fiscal.
Para convencerlo, le envió a través de WhatsApp imágenes del organigrama con los nombres de los investigados, sus direcciones y números telefónicos, recomendándoles que salgan de sus domicilios por unos tres meses cuando menos, para evitar ser detenidos.
A cambio de ello, este efectivo policial habría recibido de “Neko”, la suma de S/30,000 como retribución por la información proporcionada, según el testigo.
Finalmente, “Centinela” sostuvo que Olano es pareja sentimental de una policía que trabaja en la DIVIAC de Chiclayo, lo que aprovechó para acceder a los datos.
“Habría accedido a la referida información, vulnerando la confianza y aprovechando el descuido de su pareja sentimental que, como integrante del equipo policial que los vendría investigando, la habría tenido almacenada en un dispositivo de información, al cual ingresó sin su autorización”, narró.
Cabe indicar que “Neko” y otro cinco imputados no fueron hallados en sus domicilios el día del operativo (29 de marzo) por lo que se encuentran prófugos de la justicia.
La Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada (Fecor) les imputa la toma violenta del fundo Palomino, de propiedad de la empresa agroindustrial Cayaltí, donde distribuyeron parcelas entre antiguos posesionarios, a quienes les exigían cupos de S/100 a S/150 por cada hectárea.
