Durante una de las audiencias de prisión preventiva por el caso Ángeles Negros, la exvoleibolista Cecilia Aróstegui hizo uso de la palabra para defender su inocencia frente a las acusaciones del Ministerio Público. Según las pesquisas, la mujer integraría una organización criminal que cobraba más de 80 mil soles a familiares de pacientes con COVID-19 para que accedan a una cama de cuidados intensivos (UCI).
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Ante la sala, Aróstegui señaló que no integra una organización criminal y que solo buscó hacer un favor a una persona cercana. Además, aseveró que, dado que sufre de diabetes, su situación es de mayor vulnerabilidad.
“No conozco a ningún medico ni a ninguna enfermera. Si hicimos esto de acá fue una sola vez, nos pidió el favor para hacerle el favor a su amigo”, manifestó.
“Pido que haya humanidad, por favor, pido al fiscal que tenga humanidad, a donde nos mandan todas mis insulinas se malogran, me estoy muriendo en el penal”, agregó.
Dijo también que ella usó la cuenta bancaria de su hijo, Sebastián Bazalar, quien también es investigado por este caso, sin su consentimiento para recibir los pagos. En esa línea, Bazalar, de 22 años, señaló que dejaba que su madre manejara sus cuentas bancarias y que no tenía conocimiento de las operaciones que hacía.
Este lunes continúa la audiencia de prisión preventiva por 36 meses para los implicados por este caso con la defensa de los investigados Pedro y Piero Pino.
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Caso Los Ángeles Negros
La organización criminal Los Ángeles Negros cobraba hasta 82 mil soles para asegurar una cama UCI a los pacientes. El caso se reveló tras la denuncia de un ciudadano que hizo el pago para que su pariente accediera a la cama UCI, pero que finalmente no fue transferido y falleció producto de la enfermedad.
Por este caso, se detuvo a nueve personas la madrugada del pasado 22 de julio. La diligencia se realizó en simultáneo en las jurisdicciones de La Molina, San Miguel, Breña y Magdalena. Participan en la acción agentes de la Dirección contra la corrupción (Dircocor) de la PNP, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Los otros investigados son Iradia Vanessa Muñoz (miembro de la ONG), Luis Diego Moreyra, Miguel Ángel Agarini, Nery Ochoa, Pedro Pino, Piero Pino y Vanessa Recuenco.
