Dos colegios valorizados en más de 9 millones de soles, adquiridos por el sentenciado exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, y sus co imputados, continuaron siendo decomisados hoy bajo la supervisión del fiscal supraprovincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Walther Delgado, en cumplimiento a la sentencia lograda por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La diligencia destinada a ejecutar el decomiso, se realizó esta mañana en el inmueble de casi 2800 m2 construidos, ubicado en la mz N lote 3, a la altura de la cuadra 2 de la avenida Canto Bello, distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), donde se erige el centro educativo particular Saint John's Private School.
Durante el recorrido, la comitiva conformada también por el juez Jorge Chavez Tamariz, representantes de Pronabi, la Procuraduría del Ministerio de Justicia y del Area de Catastro de la municipalidad distrital, constataron la falta de puertas, ventanas, barandas, luminarias y demás accesorios, lo cual reflejaba que el local había sido desmantelado.
Minutos después las autoridades retornaron al colegio Los Emprendedores, en cuyo interior hace unos dias hallaron una bóveda y caja fuerte de metal. Esta fue abierta sin encontrarse nada adentro.
Dicho inmueble de siete pisos y dos sótanos fue también decomisado como parte del mandato judicial que incluía pasar a propiedad del Estado los lotes 7,8,9,10,11 y 12, mz W de la Comunidad Campesina de Jicamarca anexo 22, sector El Pedregal (SJL).
El terreno de la mz M1 lote 18, ubicado frente a dicho colegio fue también decomisado al igual que una casa de playa en Totoritas, Mala.
Este proceso, que en los próximos días culminará con el decomiso de un terreno en Cieneguilla, pasará a la fase de subasta o adjudicación a cargo de Pronabi.
Con ello, la Fiscalía asegura el estricto cumplimiento de la sentencia a favor del Estado y la afectación de los bienes de origen delictivo.
Carlos Burgos viene purgando una condena de 16 años de pena privativa de la libertad tras quedar demostrado que utilizó su cargo durante los años 2007 al 2013 para enriquecerse ilícitamente con más de 8 millones de soles.
La sentencia dictada en su contra en el año 2017 lo condenó también al pago de 500 mil soles de reparación civil a favor del Estado.