La jueza Ingrid Estacio Soria declaró fundado el recurso de cese de prisión preventiva para la investigada Iraida Vanessa Muñoz Arrospide de Agarini, investigada por ser presunto integrante de la organización criminal Los Ángeles Negros, que, según la fiscalía, se habría dedicado al cobro ilícito de camas UCI a pacientes COVID-19.

Resolución
Resolución

Según la resolución, a la que accedió Correo, Estacio Soria impuso comparecencia con reglas de conducta y el pago de una caución de S/ 1,170.00 que deberá abonar en un plazo de cinco días hábiles al órgano jurisdiccional.

Entre las reglas de conducta que deberá cumplir, la investigada tendrá que informar al juzgado el domicilio de su residencia; la obligación de no ausentarse de su domicilio sin previa autorización judicial; prohibición de comunicarse con los coimputados ni testigos del caso salvo con quienes tengan vínculos de consanguineidad; ni dar entrevistas a medios de comunicación sobre esta investigación.

A criterio de la jueza Ingrid Estacio, el Ministerio Público no sustentó, en audiencia, el peligro de obstaculización respecto a la investigada Iraida Vanessa Muñoz Arrospide “pues no ha indicado, cuales son los medios de prueba que podrán destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar, ni sobre que coimputados, testigos o peritos puede influir”.

En diálogo con esta publicación, Elio Riera, abogado de Muñoz Arrospide, sostuvo que el Ministerio Público no ha logrado establecer los presupuestos de la prisión preventiva para su patrocinada se mantengan.

“No existe peligro de obstaculización, motivo por el cual es completamente acertada y legal la decisión del Organo Jurisdiccional de imponer una medida más idónea aplicable al caso; más aún si se trata de una madre de familia que cuenta con niños de tres, siete y ocho años. Se respetó el principio constitucional y universal de interés superior del niño”, sostuvo Riera Garro.

CASO. El caso “Los Ángeles Negros” se destapó en julio del 2021, luego de que efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público intervinieron a nueve presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al cobro ilícito de hasta 82 mil soles para facilitar una cama UCI a cualquier paciente COVID-19 que la requiera.

En octubre de ese año, el Poder Judicial confirmó la prisión preventiva por 18 meses para Ana Aróstegui, Pedro Pino y Nery Ochoa.

Según la tesis de la fiscalía, Vanessa Muñoz Arrospide habría cumplido el rol de “captadora de víctimas” de los pacientes COVID-19 necesitados de camas UCI, mientras que Ana Arostegui y Pedro César Pino Gonzalez eran quienes habrían realizado las coordinaciones con funcionarios del hospital Guillermo Almenara para presuntamente cometer estos actos ilícitos.