La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en cinco procesos de selección de obras públicas adjudicados por la Municipalidad de Miraflores, por un monto total que supera los 11 millones de soles.
De acuerdo con el vocero Luis Castillo, en declaraciones a Canal N, cinco funcionarios habrían obrado de forma dolosa para beneficiar a ciertas empresas durante el proceso de licitación.
El informe de control indica que los miembros del comité de selección, pertenecientes a áreas como infraestructura, logística y administración, habrían aprobado documentación falsa y excluido a empresas que sí cumplían con los requisitos establecidos.
Tres de los funcionarios involucrados afrontan responsabilidad penal, mientras que dos están sujetos a procesos administrativos.
Las obras comprometidas ya se han ejecutado e incluyen mejoras en la movilidad urbana de las avenidas Roca y Boloña, Bolognesi, Porta y General Varela, así como la creación del Parque de la Juventud.
Castillo resaltó que, aunque la Contraloría no tiene la intención de paralizar los proyectos, sí advierte que, sin mejoras en el sistema de control interno, este tipo de irregularidades podría volver a ocurrir.
“El problema no es solo de personas, sino de procesos. Si no se corrigen los vacíos técnicos en los procedimientos de contratación, pueden seguir ocurriendo casos similares”, sostuvo el vocero.
Como respuesta, la Municipalidad de Miraflores difundió un comunicado señalando que ha pedido al Ministerio Público, a través de su Procuraduría Pública, el inicio de una investigación preliminar.
Además, ha iniciado la implementación de un plan de acción para atender las recomendaciones de la Contraloría incluidas en el informe del 2025.
La documentación ya fue enviada al Órgano de Control Institucional (OCI) de la entidad para su seguimiento. La Contraloría subrayó la importancia de implementar medidas preventivas y reforzar el control interno para evitar la repetición de estas irregularidades.
Posteriormente, Castillo indicó que la Contraloría ha identificado casos similares en otras municipalidades del país, como Piura, Trujillo, Ate y La Victoria, lo que evidencia un patrón de riesgo en la gestión de contrataciones públicas a nivel local.
