Tres abogados buscan que el Poder Judicial permita que empresas privadas puedan “comprar y distribuir” vacunas. Indican que el Estado es ineficaz. (Foto: GEC)
Tres abogados buscan que el Poder Judicial permita que empresas privadas puedan “comprar y distribuir” vacunas. Indican que el Estado es ineficaz. (Foto: GEC)

Los abogados constitucionalistas Aníbal Quiroga, Domingo García Belaunde y Natale Amprimo presentaron una demanda de amparo contra el presidente Francisco Sagasti para permitir que las empresas privadas también puedan comprar vacunas contra el COVID-19.

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El recurso legal, presentado ante el Poder Judicial, incluye también a otros altos funcionarios del Ejecutivo como la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez y el ministro de Salud, Óscar Ugarte.

“Este recurso busca que, judicialmente se permita la importación de vacunas para el sector privado, de esta manera queda más espacio para que el Estado pueda vacunar a los peruanos que no tienen recursos. Si la tesis es que solo el Estado compra y reparte, entonces esto es ineficiente. Además esto colisiona con la economía social de mercado establecida en la Constitución”, afirmó Quiroga en RPP.

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“Este recurso busca que en conjunto, público y privado, pueda avanzar con el proceso de vacunación. El modelo estatista solo trae más personas muertas”, agregó.

La medida presentada involucra también a otros funcionarios como Carmen Ponce, titular de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), institución encargada de otorgar registro sanitario a las vacunas que ingresan al país.

Actualmente las empresas de seguros privadas participan del proceso de inoculación a sus clientes con las dosis subministradas por el Ministerio de Salud. En ese marco, el Gobierno avanza en la firma de nuevos contratos para la compra de vacunas.

Hasta el momento Perú ha recibido dosis de los laboratorios Sinopharm y Pfizer. Este proceso avanza en todo el país de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación. En esta etapa está contemplada la inoculación de personal de salud, miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y adultos mayores.

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