El incidente registrado el 1 de marzo en el ducto de gas natural de Camisea, en Cusco, desató una crisis energética que obligó al Gobierno peruano a tomar medidas inmediatas. Una fuga seguida de una deflagración en la infraestructura comprometió el suministro de gas natural vehicular (GNV) en varias regiones del país, generando incertidumbre entre miles de conductores que dependen de este combustible a diario.
Ante la emergencia declarada por 14 días, los taxis y vehículos particulares que operan con GNV se vieron obligados a buscar opciones alternas para continuar circulando. La restricción temporal en el abastecimiento de este hidrocarburo no implica que los conductores queden sin salida, ya que el mercado local dispone de otros combustibles accesibles para cubrir esta contingencia.
La gasolina y el GLP se presentan como las alternativas más inmediatas para los vehículos afectados por la suspensión del GNV. Ambos combustibles cuentan con disponibilidad suficiente en las estaciones de servicio de Lima, Callao e Ica, las principales zonas impactadas por la emergencia.
Erick García, exdirector general del Ministerio de Energía y Minas, analizó el panorama del transporte de carga frente a esta crisis. En sus declaraciones, subrayó que el grueso de la flota de camiones en el país no opera con GNV, lo que limita el impacto real sobre la cadena logística nacional.
“La gran mayoría de vehículos de carga son a diésel y no hay restricción en ese combustible. Solo un grupo reducido de camiones usa GNV, y su consumo no afectará la distribución de productos”, afirmó el especialista.
El exfuncionario también se refirió a la situación de los precios en los mercados de Lima durante este período de emergencia. Según su análisis, la crisis en el ducto de Camisea no debería traducirse en un encarecimiento de productos de primera necesidad para los consumidores.
