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La Defensoría del Pueblo demandó este martes al Congreso a no insistir en la aprobación de la autógrafa de ley que busca cambiar la conformación de los miembros del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) e incorporar a representantes de universidades públicas y privadas.
“Demandamos al @congresoperu no insistir en aprobar ley que modifica la conformación de @SuneduPeru, pues esta afecta el derecho a la educación de calidad de miles de jóvenes en el país y la reforma universitaria”, se lee en a publicación en su cuenta de Twitter.
La Comisión de Educación del Congreso debatirá esta tarde el predictamen de insistencia frente a las observaciones formuladas por el Ejecutivo sobre la autógrafa de ley que modifica el consejo directivo de la Sunedu.
La sesión se llevará a cabo a partir de las 3:00 p.m. y será semipresencial: a través de la plataforma Microsoft Teams y en la sala Miguel Grau Seminario, del Palacio Legislativo, informó la comisión vía Twitter.
Según la agenda de dicho grupo de trabajo, en primer lugar se sustentará el proyecto de ley que propone otorgar un reconocimiento académico a la labor del voluntariado de los estudiantes universitarios. La iniciativa legislativa fue presentada por Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular.
Luego, se debatirá el predictamen de insistencia ante las observaciones formuladas por el Ejecutivo sobre la autógrafa de ley que modifica el consejo directivo de la Sunedu.
Entre sus observaciones, el Gobierno indicó que, al retirar la rectoría del Ministerio de Educación sobre la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria, dejándola acéfala, dicha autógrafa de ley es contraproducente para la implementación de esta.
Según remarcó, resulta imprescindible que haya una única estrategia y un horizonte claro respecto de un tema tan fundamental para el desarrollo del país, como el universitario.
De igual forma, advirtió que la autógrafa parte de la suposición errónea de que la Ley 30220 (Ley Universitaria) supone una violación, amenaza cierta o inminente vulneración a la autonomía universitaria, ya que, por el contrario, la reconoce y desarrolla en extenso sus dimensiones (régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico), en estricta concordancia con el artículo 18 de la Constitución.
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