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Una investigación de la Fiscalía y la Policía Nacional puso al descubierto una presunta organización criminal denominada “La Confederación”, que habría operado desde el penal Ancón I mediante extorsiones, cobro de cupos, venta de drogas y coordinación de otros delitos.
El operativo se realizó el pasado 23 de septiembre y estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) Lima Noroeste y de la División de Investigación de Delitos Transnacionales (DIVIDT) de la Policía Nacional.
Durante la intervención se registraron celdas, pasadizos, patios, talleres, comedores, baños, techos y ductos del establecimiento penitenciario.
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Hallaron 32 celulares, drogas y S/6 mil
La requisa permitió incautar 32 teléfonos celulares, sustancias ilícitas, armas blancas, un router con conexión a internet y S/6 mil en efectivo, según el informe difundido por Domingo al Día de América TV.
Parte de los celulares había sido escondida en servicios higiénicos y en zonas elevadas de los techos, envueltos en medias y otros empaques.
El dinero fue encontrado en la celda de Luis Galarza Benbenuto, alias “Canco”, quien sostuvo que el efectivo provenía de la venta de pan y de aportes familiares. El Ministerio Público dispuso su incautación para que se determine su procedencia.
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¿Cómo operaba “La Confederación”?
Según la declaración de un informante identificado con el alias de “Tuerto”, más de 70 internos habrían tenido participación en estructuras criminales que utilizaban celulares e internet para realizar llamadas extorsivas y coordinar cobros mediante transferencias digitales. Esta versión forma parte de la investigación fiscal y deberá ser corroborada durante las diligencias.
El informe señala que los blancos incluían empresas de transporte público, mototaxistas y comerciantes de Lima, además de víctimas ubicadas en Chile.
La investigación atribuye un papel relevante a Wilfredo Montalvo Malqui, alias “Lápiz”, quien habría ejercido el control del Pabellón 1 y sería señalado como presunto cabecilla de “La Confederación”.
También aparece mencionado Jimmy Bazán Valderrama, alias “Chato Bazán”, quien habría actuado como persona de confianza de Montalvo y estaría vinculado a llamadas extorsivas.
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Investigan cobros para controlar pabellones
La declaración del informante también describe presuntos pagos realizados por internos para obtener el control de determinados pabellones.
Según el documento fiscal citado por el programa, un interno identificado como Adam Lucano Cotrina, alias “Jorobado”, habría pagado S/50 mil para tomar el control del Pabellón 8.
Asimismo, Yojairo Arancibia Sevillano, alias “JJ”, habría entregado S/40 mil para controlar el Pabellón 2 y continuar con actividades vinculadas al cobro de cupos a transportistas y mototaxistas de Lima Norte. Estas afirmaciones corresponden al testimonio incorporado a la investigación.
En algunos sectores del penal también se habría cobrado por el alquiler de celulares y colchones, además de registrarse venta de alimentos y drogas entre los internos.
Celulares serán sometidos a peritaje
Los teléfonos incautados fueron puestos a disposición de especialistas para extraer y analizar su información.
Según el reporte, las primeras revisiones permitieron encontrar registros de transferencias de dinero, conversaciones y presuntas alertas enviadas a los reclusos sobre operativos policiales.
Parte del análisis contará con participación de Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos y de la propia DIVIDT.
La investigación también indaga si desde el penal se coordinaron hechos violentos fuera del establecimiento penitenciario.
Fiscalía investiga posible complicidad de personal del INPE
El Ministerio Público abrió además una línea de investigación para determinar si existió complicidad de trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el ingreso de teléfonos, drogas u otros objetos prohibidos.
El informante mencionó a un trabajador penitenciario que presuntamente habría recibido dinero a cambio de facilitar el ingreso de objetos prohibidos. La responsabilidad de cualquier servidor deberá determinarse durante la investigación.
El INPE, por su parte, informó sobre la separación preventiva de dos trabajadores vinculados a intentos de ingreso de sustancias ilícitas al establecimiento, según el reporte periodístico.
Las diligencias continuarán con el análisis de los equipos celulares y la identificación de eventuales colaboradores dentro y fuera del penal.
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