Andrea Pereyra

Más de 15,000 unidades de transporte urbano en Lima Metropolitana y Callao continuarán operando con normalidad este jueves 21 de agosto, pese al paro anunciado por algunos gremios.

Así lo informó Martín Ojeda, gerente de la Asociación de Transporte Terrestre de Pasajeros (COTRAP – APOIP), quien detalló que entre las compañías que no se sumarán a la medida figuran Los Loritos, Etuchisa, La Cincuenta, Translicsa, Urbanito, Nueva América, ETUR y la CTI, que en conjunto superan las 15,000 unidades.

Ojeda explicó que los gremios vinculados al transporte formal, como Coned, AEMUS, AETU y ACTU, están enfocados en impulsar la modernización del sistema mediante la mejora en la gestión de flota, la implementación de cajas centralizadas y la adopción de un sistema de recaudo más eficiente. informó Andina.

El dirigente subrayó que la mayor preocupación del sector sigue siendo la ola de extorsiones contra transportistas y conductores, que se ha intensificado en los últimos meses. En esa línea, advirtió que Lima figura entre las capitales con peores índices de criminalidad a nivel mundial y que la demanda principal del sector es mayor seguridad, no paralizaciones.

Asimismo, consideró que el problema debe afrontarse con una respuesta articulada del Estado. Señaló que la solución pasa por una coordinación real entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto con el Ministerio Público y la Policía Nacional, ya que hasta el momento cada entidad actúa de manera desarticulada.

El gerente de COTRAP – APOIP planteó además que el Gobierno convoque a un Consejo de Estado contra la criminalidad para unificar medidas y fortalecer las unidades de investigación policial.

Finalmente, Ojeda cuestionó la utilidad de las paralizaciones, al considerar que solo favorecen a grupos políticos radicales y agravan la situación económica de los transportistas.

También advirtió que las mafias llegan a cobrar hasta 70 mil soles mensuales en extorsiones, por lo que insistió en que la salida está en el fortalecimiento institucional y en recursos efectivos para combatir la delincuencia organizada.

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