La violencia vinculada a las extorsiones contra el transporte público continúa golpeando a conductores y empresas. Un reportaje de Cuarto Poder informó que 72 choferes han sido asesinados en lo que va de 2026 en hechos relacionados con esta modalidad criminal.
La cifra difundida comprende a conductores de transporte urbano, interprovincial y combis, tanto del sector formal como informal. En paralelo, transportistas denuncian amenazas y ataques que han provocado la suspensión de servicios y el retiro de trabajadores por temor a convertirse en nuevas víctimas.
Según el informe periodístico, las organizaciones criminales llegan a exigir a determinadas empresas S/30 mil como pago inicial y cuotas de S/5 mil semanales para permitir que sus unidades continúen circulando.
Lee: Padres alertan por grietas y humedad en colegio de Villa María del Triunfo con 70 años de antigüedad
Choferes recurren a armas ante ataques de sicarios
Ante este escenario, algunos conductores, empresarios y dirigentes han decidido adquirir legalmente armas de fuego para defensa personal, según los testimonios recogidos por el programa dominical.
Fernando Espinoza, conductor de la empresa El Pesquero, que cubre la ruta Ate-Callao, contó que adquirió un arma con capacidad para diez municiones. El transportista argumentó que los choferes quedan en situación de vulnerabilidad frente a delincuentes que atacan desde motocicletas.
El dirigente y asesor legal Julio Bretoneche señaló, por su parte, que conductores, dirigentes y empresarios están recurriendo al armamento ante la inseguridad que enfrentan.
Bretoneche advirtió sobre los riesgos de que esta situación derive en una confrontación armada entre integrantes del sector transporte y las organizaciones criminales.
Lee aquí: Minsa inicia digitalización en cuatro hospitales de Lima para agilizar citas médicas
Mafias exigen pagos a empresas de transporte
Los testimonios recogidos por Cuarto Poder describen un esquema en el que los delincuentes contactan a las empresas para exigirles dinero bajo amenaza de atacar a sus trabajadores y vehículos.
Uno de los casos mencionados es el de Julio Becerra Centurión, conductor de la empresa Nuevo Horizonte, quien recibió tres disparos durante un atentado. El chofer resultó herido en el estómago y el hombro y tuvo que ser trasladado a un establecimiento de salud.
Representantes de la empresa señalaron que habían sufrido anteriormente ataques con armas de fuego y explosivos. Después del último atentado, más de 40 buses permanecieron paralizados durante al menos cinco días.
Lee: PNP captura a tres presuntos ladrones de camioneta tras persecución y choque en Lima Sur
Asesinatos de conductores en plena ruta
En el Callao, Jesús Vargas Aguilar fue asesinado por un atacante que, según el reporte periodístico, le disparó antes de escapar en una motocicleta.
Otro de los crímenes recogidos en el informe fue el de Mauro Garrizo Flores, conductor de la empresa Vipusa. El chofer recibió cinco disparos mientras se encontraba en una unidad de transporte.
Los ataques también representan un peligro para cobradores, pasajeros y peatones debido a que algunos son perpetrados durante el recorrido de las unidades o en paraderos.
Paralización de buses afecta a cientos de familias
Las consecuencias de la extorsión se extienden a los trabajadores y familias que dependen económicamente de las empresas afectadas.
En el caso de Nuevo Horizonte, la paralización de más de 40 unidades durante cinco días perjudicó los ingresos de aproximadamente 300 familias, de acuerdo con la información proporcionada por representantes del sector.
El dirigente de transporte Martín Ojeda calificó como crítica la situación y cuestionó los resultados obtenidos hasta ahora frente a las organizaciones dedicadas a la extorsión.
También sostuvo que existen problemas de articulación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, mientras las empresas enfrentan dificultades para conservar a conductores que temen sufrir atentados.
Revoredo responde por lucha contra la criminalidad
El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), sostuvo que las autoridades mantienen su compromiso de combatir a las organizaciones criminales.
Revoredo señaló que asumirá las responsabilidades que correspondan si no se consigue capturar a las bandas responsables de los ataques contra el transporte.
El escenario ocurre mientras el Gobierno implementa medidas de seguridad para el sector y los gremios transportistas reclaman mayores resultados contra la extorsión y el sicariato.
