La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció la anulación de 56 040 papeletas de tránsito impuestas en la jurisdicción del distrito de Magdalena del Mar, tras detectar incumplimientos en los procedimientos técnicos necesarios para aplicar estas sanciones.
La decisión se tomó luego de un proceso de investigación iniciado por la comuna metropolitana, en el que se evaluaron las infracciones detectadas mediante sistemas tecnológicos contratados por la municipalidad distrital.
Según informó la MML, su Gerencia de Movilidad Urbana remitió un informe técnico al Servicio de Administración Tributaria (SAT), concluyendo que las evidencias presentadas no cumplían con las condiciones técnicas y procedimentales exigidas por la normativa vigente.
SAT procederá con la nulidad de más de 56 mil infracciones
Como resultado del informe técnico, el SAT procederá con la nulidad de 56 040 papeletas, dejando sin efecto las presuntas infracciones registradas en el distrito.
La MML sostuvo que la responsabilidad administrativa recaería directamente en la Municipalidad de Magdalena del Mar, señalando que el caso representa una “afectación a los derechos de miles de vecinos”.
“La Municipalidad de Lima actuará con total determinación para corregir cualquier abuso en la aplicación de sanciones de tránsito”, señaló la entidad en un comunicado oficial.
Asimismo, indicó que se realizarán acciones para actualizar la información relacionada con la anulación de estas papeletas.
Municipalidad de Magdalena rechaza responsabilidad
Por su parte, la Municipalidad de Magdalena del Mar saludó la decisión de anular las más de 56 mil papeletas, pero rechazó las afirmaciones de la comuna metropolitana.
El municipio distrital sostuvo que las multas fueron impuestas de manera irregular por la Municipalidad Metropolitana de Lima, y cuestionó que se intente deslindar responsabilidades.
“Rechazamos las falsas afirmaciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima que buscan deslindar de su responsabilidad”, indicó la comuna distrital mediante un pronunciamiento.
El caso ha generado un conflicto institucional entre ambas entidades municipales respecto a la aplicación y validación de sanciones de tránsito en el distrito.
