La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha dado luz verde, de manera unánime, a una nueva propuesta legislativa que busca agilizar la deportación de individuos extranjeros arrestados en flagrante delito.
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El teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que el Concejo Municipal celebró una sesión extraordinaria el viernes pasado, el 29 de septiembre, durante la cual se decidió presentar esta iniciativa ante el Congreso de la República.
La propuesta tiene como objetivo hacer modificaciones en el Código Penal y Procesal para permitir la deportación inmediata de cualquier persona de nacionalidad extranjera que sea detenida en flagrante delito.
El ex congresista Reggiardo indicó que la legislatura facilitará la deportación. “Con esta iniciativa, que le permite a un juez poder, en su sentencia, expulsar a aquellos extranjeros que estén inmersos en delitos de flagrancia, en delitos que sean evidentes, que son procesos más rápido y que por ser extranjeros, hasta la actualidad, se les permite que cumplan su condena. Nosotros planteamos que no, que no tengan que cumplir la condena acá, que la cumplan en su país”, sostuvo.
“Hoy el Código Penal actual no lo contempla, el Código Penal actual lo que establece es que terminada su sentencia recién se puede recurrir a la expulsión. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo como Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado por unanimidad, es incorporar una serie de modificaciones para que esta potestad o facultad de un juez sea inmediata”, agregó.
Presupuesto destinado para la medida
Además, Héctor Loayza, viceministro de Seguridad Pública, aseguró que el Gobierno dispone de un presupuesto suficiente para deportar a los delincuentes extranjeros detenidos en flagrancia, así como a aquellos que no regularicen su situación migratoria en Perú después del 10 de noviembre.
Sin embargo, expertos en seguridad ciudadana advierten que para llevar a cabo la deportación de todos los extranjeros involucrados en actividades ilícitas o sin documentos legales, se requerirían dos agentes policiales por cada individuo deportado para acompañarlos hasta sus países de origen.
“Al término del plazo que vence el 10 de noviembre se va a iniciar una ola de operaciones para identificar a aquellas personas que estén en nuestro país y que no tengan ningún tipo de identificación”, explicó la autoridad.
Modificaciones necesarias para el proyecto
El proyecto de ley busca alterar los artículos 30, 446 y 448 del Código Procesal Penal para establecer procedimientos específicos relacionados con la detención de extranjeros en delitos flagrantes. El primer cambio propuesto establece que la expulsión del país se aplicaría “después de cumplida la pena privativa de libertad”, mediante una sentencia judicial o a través de la concesión de un beneficio penitenciario. Además, se prohibiría el reingreso al país del individuo en todos los casos.
En cuanto al “proceso inmediato”, el fiscal podría solicitarlo cuando el acusado haya sido detenido en flagrancia delictiva, haya confesado el delito o cuando las pruebas acumuladas durante la investigación preliminar, junto con el interrogatorio del imputado, sean contundentes. Si varios imputados extranjeros están involucrados en el mismo delito, el fiscal deberá solicitar el proceso inmediato para todos o algunos de ellos.
La propuesta también enfatiza que, en el caso de delitos cometidos por extranjeros, la sentencia resultante incluirá la expulsión del país como una medida adicional.
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