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La Corte Superior de Justicia de Lima Este autorizó a las empresas privadas a importar vacunas contra el coronavirus para la distribución gratuita a su personal y familiares directos, según los protocolos de higiene y seguridad establecidos por el Ministerio de Salud (Minsa).
La sentencia fue dada por el juez Nilton López Campos, luego de que el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, presentó el pasado 3 de marzo una acción de amparo contra la Presidencia de Consejo de Ministros, Congreso de la República y Minsa, solicitando se respete lo establecido en la Ley 31091.
No obstante, López Campos declaró “infundado” ordenar la liberalización total de la importación de vacunas contra el COVID-19, para su libre comercialización, sin sujeción a los requisitos sanitarios. Tampoco autorizó a los gobiernos locales y regionales la importación de las mismas.
NO VENDEN A PRIVADOS
El ministro de Salud, Óscar Ugarte, ratificó anoche que la ley permite que los privados puedan comprar vacunas contra el coronavirus, pero los más de 800 importadores de medicamentos y vacunas no han logrado concretar este proceso porque actualmente los laboratorios solo negocian con estados.
“Pfizer nos ha explicado que prefiere vender a los gobiernos, porque es una venta a gran escala y también (porque) los estados asumen responsabilidad sobre los efectos secundarios, no sé si las empresas están en la capacidad de asumir ese riesgo”, declaró Ugarte.
