Un grupo de militares fueron desplegados este lunes en los exteriores del penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, tras la declaratoria de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios del país. La medida tendrá una duración de 60 días y contempla reforzar la seguridad en los recintos y sus perímetros externos.
El personal militar fue ubicado en los puntos de acceso y apoyará las labores de seguridad en un radio de hasta 200 metros alrededor del establecimiento. La Policía Nacional continuará a cargo del control del orden público, con respaldo de las Fuerzas Armadas.
También se reforzarán los controles de ingreso mediante escáneres y equipos de rayos X para revisar a visitantes y trabajadores del INPE. El objetivo es impedir el ingreso de armas, drogas, tarjetas SIM y otros objetos prohibidos.
Requisas y control de comunicaciones
Las Fuerzas Armadas participarán en operativos coordinados con el grupo de operaciones especiales del INPE para retirar teléfonos celulares y tarjetas SIM del interior de los penales. Asimismo, se contempla vigilar el espacio aéreo y el espectro electromagnético para detectar drones, comunicaciones clandestinas y antenas ilegales.
La declaratoria incluye también los penales Chayapalco, en Tacna; Cochabamba, en Pasco; Trujillo Varones, en La Libertad; y Ancón 1, en Lima. Según la información difundida sobre la medida, estos cinco establecimientos concentran aproximadamente al 50 % de los internos vinculados a organizaciones criminales.
