Los promotores de las protestas antigubernamentales convocadas para la próxima semana rechazaron este viernes cualquier relación con movimientos terroristas, luego de que una presunta cabecilla del último reducto de la banda Sendero Luminoso apoyara las manifestaciones.
“Aquí no hay ningún terrorista”, aseguró a los medios el representante de la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP), Jorge Pizarro.
A lo largo de la semana, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, acusó a “sectores radicales de la izquierda” y “subversivos” de azuzar las movilizaciones.
Del mismo modo, el jefe de gabinete subrayó que Florabel Vargas, conocida como la “camarada Vilma”, supuesta líder del último reducto de Sendero Luminoso, “está de acuerdo” con la manifestación y concluyó diciendo que no iban a ser capaces de “derrotar a la democracia”.
Por las declaraciones de la “camarada Vilma” publicadas en redes sociales, la Fiscalía de Perú abrió el pasado 7 de julio una investigación preliminar contra Vargas por el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo.
“¿Quién será la ‘camarada Vilma’ que la han sacado del Vraem (...) y han levantado como si ella organizara (las marchas)? Desconocemos absolutamente esa intención. Rechazamos absolutamente el terrorismo”, dijo hoy Pizarro.
Como el portavoz de la ANP, distintos líderes sindicales se desmarcaron de cualquier movimiento terrorista, luego de las arengas en redes de Vargas y recordaron que ellos y sus familias fueron víctimas de los ataques de Sendero Luminoso en las décadas de los 80 y 90.
La Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL) denunció la campaña “intimidatoria y de restricción de libertades” que dicen haber sufrido por parte del Gobierno y de sectores de la prensa.
También denunciaron el “terruqueo” -asociación que se hace en Perú desde el espectro conservador para asociar a ciertos movimientos de izquierdas y activistas con el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA- sufrido por parte del poder Ejecutivo y el Legislativo.
El secretario de Organización de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Manuel Coronado, criticó en este sentido la “criminalización” y “satanización” de las protestas.
“Nos llaman vandalistas, nos llaman terroristas y con eso creen que van a solucionar la crisis social, política y económica por la que pasa nuestro país”, manifestó Coronado.
Al igual que en las protestas de diciembre, enero y febrero, los convocantes exigieron la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, y de todo su Gobierno, el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente para una nueva constitución.
