Constitucionalista Hakansson: “Ineptitud del gobierno no es culpa de la Constitución”

La incertidumbre que vive el país por la crisis política que se ha visto reflejada en la inflación, estancamientos de proyectos de inversión y alza de los precios de los productos de primera necesidad, es algo que mantiene en zozobra a la ciudadanía en general.

Al respecto, el constitucionalista y catedrático de la Universidad de Piura (UDEP), Carlos Hakansson Nieto, señaló que esto se debe a la inacción del gobierno de Pedro Castillo y la incapacidad de sus funcionarios públicos que se excusan en culpar de todo ello a la Constitución Política del Estado.

“La situación de zozobra que vive el país con la falta de atención a los comedores populares, demoras en la tramitación del DNI, pasaportes, que operaban antes con normalidad, así como invasión y ataques a las mineras, tienen el propósito de culpar a la Constitución Política, cuando la causa se debe a los malos cuadros de altos funcionarios que viene incorporando el gobierno a la administración pública”, enfatizó el especialista.

Detalló que el Congreso de la República no toma medidas urgentes ante todo esto y hace que los problemas que pasa la ciudadanía se acrecienten más con las crisis que atraviesa el país.

“La incertidumbre de la población se produce ante la inacción de un gobierno de atender los problemas urgentes, como el control de la inflación, mejorar el funcionamiento de la administración pública, destrabar proyectos de inversión, etcétera. Problemas que no han sido producidos por la Constitución Política sino por la inacción del gobierno”, agregó.

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Hakansson explicó que el proyecto presentado por el gobierno de Pedro Castillo para modificar la Carta Magna y añadir el artículo 207 que le permita al presidente de la República y los congresistas la decisión de convocar una Asamblea Constituyente, resulta inconstitucional.

“Las Constituciones se aprueban con una vocación de permanencia en el tiempo, a la cual se le pueden incorporar reformas, por eso es un contrasentido establecer una disposición que permita abrir la puerta para su “autodestrucción” mediante la consulta para convocar una nueva asamblea constituyente. Si el líder del partido de gobierno sostiene que desea abolir la Constitución, se está “incendiando la pradera” desde el interior del aparato estatal. Considero que la insurgencia en defensa del orden constitucional es la opción que nos queda como ciudadanos”, indicó.

En tanto, tras la presentación del proyecto de ley del congresista Pasión Dávila de Perú Libre que propone que se adelanten las elecciones generales para julio del 2023, pero luego su vocero Waldemar Cerrón salió a decir que lo habían retirado, Dávila indicó en las últimas horas que insistirá en su propuesta, pese a la oposición de su bancada.

Ante ello, Hakansson explicó que ya hubo un proyecto similar en el año 2000. “Existe un antecedente a fines del año 2000, fruto de un acuerdo parlamentario tras descubrirse el masivo transfuguismo de congresistas hacia el oficialismo y que produjo la caída del gobierno. Dada la división de la oposición política para buscar soluciones conjuntas, se dificulta el consenso para lograr su aprobación por el pleno”, enfatizó.