Piura: Contraloría advierte que cerca de 40 funcionarios del GORE no cumplen requisitos para ocupar el cargo

Entre los funcionarios que no cumplen con los requisitos se encuentra la gerenta de Prorural, así como los directores regionales de Salud, Comercio Exterior y Turismo y Agricultura

Actualizado el 09/08/2023, 11:08 a.m.

La actual gestión regional está en el ojo de la tormenta. Cerca de cuarenta funcionarios de confianza habrían sido designado en diferentes jefaturas y direcciones regionales del Gobierno Regional de Piura sin cumplir con los requisitos establecidos, según el informe de Contraloría General de la República.

De acuerdo al informe de la Oficina de Control Interno 068-2023-OCI/5349-SVC emitido el 26 de julio, cerca de 40 funcionarios de confianza no cumplirían con los requisitos establecidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF) del Gobierno Regional.

Entre ellos figura la gerenta regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural (Prorural), Jusbie Leonarda Gonzales Navarro, quien debería tener el grado de maestría relacionada al área, pero no figura en Sunedu.

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También está el actual director regional de Agricultura, José Paúl Loayza Porras, quien según el MOF, debería tener como requisito mínimo adicional para el cargo, el contar con tres años de capacitación especializada en temas relacionados al sector público, pero este funcionario no cumple con la misma.

Los auditores también advirtieron que el director regional de Salud, Eduardo José Guerrero Amaya, tampoco cumple con los requisitos, pues no contaría con un posgrado en Gestión Pública.

En la lista también figura el director regional de Comercio Exterior y Turismo, Richard Neira Colmenares. “Se advirtió que el MOF... señala como requisito mínimo adicional para el cargo, contar con tres años de experiencia en cargos directivos; evidenciándose del legajo del funcionario, que éste no cumplió con la misma”, dice el informe.

Otro que no cumpliría es el ex congresista Edwar Zárate Antón, que se desempeña como subgerente regional de Desarrollo Institucional, quien, según la Contraloría habría presentado una constancia de trabajo “que no es verídica”.