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La Contraloría identificó un perjuicio económico superior al millón de soles por el incremento irregular de remuneraciones a funcionarios de confianza y servidores públicos bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) durante la emergencia sanitaria por COVID-19 del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2 Piura, por lo que recomendó el inicio de acciones administrativas y/o penales de cinco funcionarios de esta entidad (anterior gestión).
Según el Informe de Control Específico N° 010-2021-2-4529, la Comisión Auditora verificó los incrementos remunerativos durante el periodo de mayo a diciembre de 2020 a favor de este personal que ya estaba contratados desde años anteriores (2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 al 2019 y desde enero hasta abril de 2020), incluyendo al entonces titular de la entidad, funcionarios, profesionales, técnicos, asistentes y auxiliares administrativos, quienes para percibir dichos incrementos suscribieron nuevos contratos CAS.
Para concretar estos aumentos, el hospital emitió la directiva N° 002-2020/HAPCSR-II 2 que fue aprobada mediante resolución directoral a fines de marzo de 2020 y que luego fue corregida en junio de ese mismo año con otra resolución. Ambas resoluciones fueron suscritas por el anterior director del hospital y visadas por las áreas de Administración, Gestión de Recursos Humanos, Planeamiento Estratégico y la Unidad de Economía. Dichos funcionarios tomaron conocimiento oportuno de las escalas remunerativas y estaban incluidos como beneficiarios.
La directiva tiene como justificación legal el Decreto de Urgencia N° 037-2020 que autorizaba excepcionalmente durante el año 2020 a las unidades ejecutoras de salud de los pliegos Gobiernos Regionales, a efectuar modificaciones presupuestarias para financiar la contratación de personal bajo la modalidad CAS y así garantizar la continuidad de los servicios de salud, sin embargo, el personal a ser contratado debía realizar labores asistenciales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro de propagación de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus en el territorio nacional.
A través de otra norma se exoneraba del concurso público para la contratación del personal CAS que prestara servicios en los equipos de respuesta rápida y seguimiento clínico, no incluyéndose al personal administrativo que se benefició con el respectivo incremento de remuneraciones, con el cambio de contrato de CAS ordinario a CAS COVID.
Asimismo, el Ministerio de Salud, mediante una resolución emitida en junio de 2020, estableció una escala remunerativa que solo incluía a personal asistencial, como médico cirujano, médico especialista, profesional de la salud, profesional de la salud especialista y técnico asistencial, no estando considerado el personal administrativo.
Los auditores identificaron un total de 96 beneficiarios del incremento remunerativo, entre funcionarios de confianza y servidores que realizaron labores administrativas. El perjuicio económico asciende a S/ 1 095 557,31.
